Rechazan que se identifique acciones al portador

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Empresarios y abogados analizarán hoy, en una conferencia organizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS), el impacto que causará el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el 28 de diciembre de 2011 que obliga a identificar a los dueños de las acciones al portador.

En el evento, que tendrá lugar en el Salón de Actos del edificio de la Bolsa de Valores entre las 8.30 y las 11.30, expondrán el presidente de la CNCS, Marcelo Lombardi y los abogados Fernando Jiménez de Aréchaga, Carlos Loaiza, Ignacio de Posadas y Alberto Varela, y el contador Nicolás Juan.

Lombardi adelantó ayer a El País que en la conferencia planteará que el sector empresarial "no está de acuerdo" con el proyecto, porque es claro que de aprobarse "se generarán riesgos" en varios sectores, en particular en la construcción y en la rama de los servicios.

El dirigente empresarial advirtió que la iniciativa del gobierno responde a las presiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del gobierno argentino, que reclama información sobre inversiones que Uruguay recibe de parte de empresarios de Argentina.

"La transparencia es algo importante y todos la debemos valorar, pero nosotros no estamos intercambiando información con cualquier país del mundo, lo hacemos con Argentina que no es un país serio", sostuvo Lombardi.

De Posadas, por su parte, aseguró a El País que el proyecto del gobierno "ya está causando un impacto muy negativo, y sin lugar a dudas va a afectar una gran cantidad de inversiones y actividades".

De Posadas, exministro de Economía durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, indicó que en su estudio jurídico ha recibido numerosas consultas de inversores y clientes "muy preocupados" por el tema.

"Durante más de un siglo Uruguay construyó una imagen de estabilidad y seguridad jurídica, pero este proyecto la termina", comentó De Posadas.

Loaiza, en tanto, dijo que desde el punto de vista técnico el proyecto "está muy bien hecho" y va en la línea de cumplir con los requisitos de la OCDE y avanzar en la negociación tributaria con Argentina.

En tal sentido, a juicio de Loaiza, la iniciativa "es un punto" en la estrategia de Uruguay y que, según él, demandará un proceso de 20 años.

Loaiza, socio del estudio Sanguinetti-Foderé, dijo a El País que entre los inversores argentinos "hay mucho miedo" por el perjuicio que les pueda causar esta iniciativa. "Uruguay debería proteger más el anonimato para seguir recibiendo inversiones directas sin perder otras inversiones extranjeras como las inmobiliarias", opinó.

EL PROYECTO. La iniciativa, que el Ministerio de Economía remitió al Parlamento a fines de diciembre, obliga a los accionistas al portador a identificarse a través de una declaración jurada ante la Dirección General Impositiva (DGI).

La intención del gobierno es "efectuar avances hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales" en materia de "prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo como de transparencia fiscal internacional", según explica en la exposición de motivos del proyecto.

El objetivo es "lograr la disponibilidad sobre la información referida, al tiempo que pretende mejorar las condiciones de acceso a la misma", sostiene el texto. Agrega que "soluciona el problema de identificación de los propietarios de acciones al portador sin realizar modificaciones a la ley de sociedades comerciales", ya que "la posibilidad" de cambiarla "disponiendo la transformación de acciones al portador en acciones nominativas" -donde se conoce quién es el dueño- ocasionaría dificultades desproporcionadas al objetivo que se plantea.

El director de Rentas, Pablo Ferreri, dijo recientemente que el proyecto "es la mejor solución posible" porque "levanta el secreto" para la DGI de quiénes son los titulares de las acciones "pero no se hace público".