Usarán las pruebas del expediente penal en juicio de Tabárez

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El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Tabárez, y su exempleada doméstica, procesada por sustraerle casi US$ 500.000, se volvieron a ver las caras por un reclamo del DT para recuperar el dinero. En abril habrá más audiencias.

Acompañado por el abogado y exdirectivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Daniel Pastorini, Tabárez concurrió ayer al juzgado civil de la Ciudad de la Costa donde se tramita la demanda contra la exempleada doméstica de su casa, procesada con prisión en diciembre de 2010.

La mujer, que recuperó la libertad en noviembre de 2011, mediante una maniobra con una tarjeta de débito bancario que previamente hurtó, retiró casi US$ 500.000 de una cuenta de la familia Tabárez.

Con el dinero robado, la empleada del técnico de la selección compró y refaccionó una casa en Solymar, adquirió un auto y también instaló un local de venta de comida en el centro de Montevideo.

En su momento, el juez penal de Montevideo Homero Da Costa procesó a la mujer por el delito de hurto y a su hermana y a su expareja por el ilícito de receptación, al concluir que habían sacado provecho del dinero robado a Tabárez.

El técnico de la selección que obtuvo el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica en 2010 y ganó la Copa América el año pasado en Argentina, inició un reclamo contra los procesados con el objetivo de recuperar el dinero robado.

En el juzgado civil de Ciudad de la Costa, a cargo del juez Héctor Iriarte, ayer se realizó la audiencia preliminar entre las partes. El juicio se tramita en esa sede debido a que la exempleada de Tabárez compró la casa en Solymar.

"Lo que se reclama es el resarcimiento de un daño provocado por un ilícito. Ese será el objeto del juicio", explicó Pastorini, el abogado de Tabárez.

Aunque legalmente las partes podían llegar a un acuerdo que diera por terminado el litigio, eso "no lo planteó nadie", dijo Pastorini a El País.

En la audiencia -que duró poco más de media hora y a la que Tabárez concurrió para cumplir con el formalismo de firmar el acta- se cumplió con el requisito procesal de determinar el tema de discusión durante el juicio.

Las partes, salvo el exmarido de la empleada de Tabárez, no pidieron la citación de testigos y acordaron que las pruebas surgirán del expediente penal, cuya copia el juez Iriarte pedirá a su colega Da Costa.

El juez Iriarte fijó la próxima audiencia para el mes de abril, aunque para las futuras instancias las partes no necesariamente deberán concurrir al juzgado, sino que alcanzaría con que asistan sus abogados.

DIFERENCIA. El abogado Leopoldo Trivel, representante de la exempleada de Tabárez y su hermana, dijo a El País que la demanda presentada por el técnico de la selección es por US$ 350.000, es decir, casi US$ 150.000 menos que el dinero denunciado como robado en su momento.

"Si (Tabárez) le regaló US$ 150.000 de la misma forma que ella sustrajo US$ 350.000 no hubo delito", dijo Trivel.

Al respecto, Pastorini dijo que no hubo una decisión de Tabárez de reclamar menos dinero, sino que el juicio será "por el monto que corresponde". Pastorini destacó que la cifra total se podrá especificar durante el proceso judicial, por cuanto "surgirá de los registros bancarios".

CAREO. Aunque inicialmente la exempleada de Tabárez confesó la maniobra, luego de varios meses en prisión modificó su declaración y aseguró que el técnico de la selección le entregó la tarjeta de débito.

Trivel agregó al expediente penal la transcripción de una importante cantidad de mensajes de texto que Tabárez le habría enviado a la mujer. El abogado también pidió la realización de un careo entre ambos para esclarecer la existencia de un supuesto vínculo.

El juez Da Costa, que tramita el expediente penal, envió oficios a Antel y Movistar con el objetivo de que las compañías confirmen el cruce de mensajes de texto entre los celulares de Tabárez y su exempleada.

Hasta ahora, y si bien pasaron más de seis meses, las empresas no respondieron, dijo Trivel. Por eso, adelantó que en los próximos días pedirá al juez que cite a los responsables de las compañías por la demora.