Cárcel, violencia y votos

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MARTÍN AGUIRRE

La ola de violencia que enfrenta el país está generando un impacto político relevante en el gobierno. El reciente estallido en las cárceles, que se saldó con un par de muertos, el principal centro penitenciario del país reducido a escombros, y el descabezamiento de la cúpula del sistema de prisiones, ha fortalecido un movimiento de cambio de enfoque en materia de seguridad, inimaginable solo unos años atrás. Algo que se ve potenciado por las encuestas que muestran un crecimiento de los sectores que reclaman medidas más "duras", y que genera indisimulable inquietud en un oficialismo que siente que el tiempo comienza a escasear para mostrar resultados en un área que puede ser su talón de Aquiles de cara a las próximas elecciones.

"Lo que hay ahora es un choque interno en el gobierno, entre un ala izquierda tradicional, donde están sectores como el Partido Socialista y otros grupos, y una izquierda-derecha encabezada principalmente por el MPP", afirma un conocido operador judicial. "Se están dando cuenta que así no se puede seguir, y están poniendo en los cargos más importantes del área a gente pragmática y menos lírica". "Algún resultado ya se está empezando a notar", afirma.

Tal vez el primero en mostrar este cambio de visión ante la problemática de la inseguridad haya sido el ministro Bonomi, que a poco de asumir se lanzó a implementar los llamados "megaoperativos", con la intención de exhibir la presencia fuerte del Estado en barrios conflictivos. Y también de mostrar a la opinión pública que el gobierno enfocaba el tema con seriedad y que no le temblaba la mano a la hora de mostrar firmeza con la delincuencia. Un cambio drástico con las políticas impulsadas por sus predecesores de la era Vázquez, casi todos dirigentes históricos del PS.

Una segunda área donde este cambio de enfoque es palpable es en el tema de los menores. Tras una serie de intentos fallidos, con la llegada al INAU del dirigente de la CAP-L, Javier Salsamendi, hubo un drástico ajuste en ese instituto, que llevó a que las fugas de menores peligrosos recluidos, cayera estrepitosamente. Al punto que en el año 2010 se fugaron de dependencias del INAU 750 menores (un promedio de 2 por día), en 2011 esa cifra cayó a 250, y en 4 meses de 2012 van "solo" 38.

Estas medidas, acompañadas por un discurso mucho más duro con la delincuencia, acciones represivas como las vistas en los motines carcelarios, o la propuesta de realizar allanamientos nocturnos, recibieron críticas no desde la oposición, sino desde el propio Frente Amplio, y sectores del periodismo y la academia cercanos a sus filas. Particularmente vocal ha sido la diputada y exministra del Interior, Daisy Tourné, que llegó a decir que la idea de que los militares custodien las cárceles (propuesta por el presidente Mujica) es "fascista". También fue dura con los megaoperativos de Bonomi, los cuales, afirmó, "solo permiten atrapar a chorritos de cuarta". Y puso el dedo en la llaga al afirmar que "la izquierda no tiene políticas claras en materia de seguridad".

Ahora bien, ¿qué es lo que está motivando este cambio de enfoque en el gobierno? Por un lado los números fríos. Los crímenes han tenido un aumento explosivo en estos años, ya que en 2001 se denunciaron 49.193 delitos, mientras que en 2011 fueron 87.364. En el mismo período se duplicaron los crímenes contra las personas (de 3.778 pasaron a 6.360). Todo en un marco de prosperidad, lo cual ha derribado muchos mitos casi sagrados para "la izquierda", al punto que el operador frentista Esteban Valenti afirmaba hace un tiempo que "la simplificación de considerar que la pobreza es la causa única del delito es una aberración".

A esto se suman las encuestas. Un estudio de la empresa Interconsult señalaba hace unas semanas que el 63% de los encuestados tenía a la inseguridad como su principal preocupación. Además, más de la mitad de los encuestados consideró que el gobierno no actúa con mano firme en el tema. Por otra parte, Pedro Bordaberry viene exhibiendo un sostenido crecimiento en los sondeos en base a propuestas de mayor rigor con la delincuencia, como la campaña para bajar la edad de imputabilidad. Esta propuesta es apoyada hoy por un 66% de los uruguayos, incluso una mayoría de frentistas. Eso ha llevado a que Bordaberry sea hoy el candidato opositor con más intención de voto. A esto se suma la caída del oficialismo, que tendría un apoyo del 37%, 11 puntos menos que en 2009.

Todos estos aspectos han sido vistos por parte del oficialismo como una notoria luz amarilla, no achacable ya ni a sensaciones térmicas, ni a manejos mediáticos conspirativos. Y eso probablemente sea lo que está generando estos drásticos cambios en la manera de abordar los temas de seguridad. Las preguntas que surgen son ¿será suficiente para que la gente cambie su percepción sobre el desempeño oficial en la materia? ¿cómo impactará esto en la interna del oficialismo? ¿hasta dónde estará dispuesto a llegar el gobierno para mostrar mayor rigor en la lucha contra la inseguridad a costa de alinear a un sector importante de su electorado ?

"Yo soy un pobre viejo ignorante, pero con una altísima experiencia en materia de cana (…) ¿A quién se le ocurre hacer una cárcel de bloques? La rompés con la uña" (J. Mujica).

Un 63% de los uruguayos dice que la inseguridad es su principal preocupación. Un 66% estaría de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad.

En Uruguay hay más de 9.000 presos, en 2007 había 7.200. Cada preso le cuesta al país más de US$ 20 por día, en España 60 y en Estados Unidos 65.