Decisiones ilógicas

JORGE GRUNBERG

Algunas naciones son exitosas, otras vegetan y muchas fracasan. Explicar estas diferencias es una de las cuestiones más trascendentes del mundo contemporáneo. Una de las primeras explicaciones fue que cuantos más recursos naturales tuviera (o conquistara) un país más próspero sería. Una mirada a los países más pobres del mundo, muchos de ellos con vastas riquezas naturales, alcanza para descreer de esta teoría. Es más, la situación de países como Venezuela o Nigeria muestra como la abundancia de un recurso natural puede perjudicar el desarrollo.

Otra explicación en boga por mucho tiempo en la región fue que algunos países son "pobres" porque los países "ricos" les quitan sus riquezas. Si bien este tipo de explicación sigue muy presente en el discurso, se ha evaporado casi por completo de las políticas públicas por su evidente inutilidad como estrategia de desarrollo.

Entender por qué algunas sociedades progresan y otras no lo hacen es un problema complejo sin respuestas únicas ni universales, pero como en toda la historia de la humanidad, reaparece la tensión entre el dogma y la razón. Las sociedades cuyo pensamiento está dominado por la ideología, tienden a ser menos prósperas (y menos democráticas), sea cual sea la ideología. Cuando la razón prima sobre el dogma y que el pensamiento lógico predomina en las decisiones, son mucho mayores las chances de prosperar. Nos debe preocupar por lo tanto qué tipo de pensamiento orienta a las políticas públicas en nuestro país.

Algunos ejemplos recientes en el campo de la educación señalan una preocupante inclinación hacia el pensamiento ideológico. Uno de estos ejemplos es una reciente resolución de la DGI que obliga a los alumnos de colegios o universidades privadas a informarle quién paga sus estudios. Esta resolución es inconveniente por varias razones. Una es que la carencia de capital humano en nuestro país es de tal magnitud, que desde un punto de vista social es más importante promover de cualquier forma la inversión en educación que tener un instrumento adicional para perseguir evasores. Otra razón es que existen muchos motivos que no tienen nada que ver con la evasión tributaria para mantener la privacidad sobre quién paga los estudios de un alumno. Obligar a las familias a establecer por escrito quién paga los estudios de un alumno, puede crear problemas familiares que las eventuales persecuciones de evasores no van a compensar como bien social y puede generar que muchos jóvenes dejen de recibir ayuda. De hecho nuestro país está de esta manera prohibiendo el "benefactor anónimo", elogiado en todos los códigos morales conocidos.

Sin embargo, más allá de que esta resolución sea inconveniente, el problema mayor es que no responde a un pensamiento lógico. Una prueba de esto es que los alumnos que cursan posgrados en la Universidad de la República no tienen obligación de informar quienes pagan sus estudios. El precio de un Master en Administración en la Universidad de la República es de aproximadamente 400.000 pesos, similar al de una universidad privada. Si el gobierno piensa que puede haber potenciales evasores de impuestos entre los que pagan posgrados, ¿qué razón tiene para asumir que solo puede haberlos entre los alumnos de universidades privadas y no entre los de la universidad pública? Esta resolución es inconveniente, pero si se va a aplicar, la forma lógica (y ética) de aplicarlo es a todos por igual. Este diseño ideológico del instrumento de control de evasión, es poco democrático porque establece una diferencia injustificada entre ciudadanos pero además vuelve menos efectivo el propio instrumento.

Otro ejemplo de pensamiento ideológico es el que utiliza la Intendencia de Montevideo para otorgar boletos estudiantiles. Los alumnos de una universidad pública tienen derecho a recibir boletos subsidiados por la Intendencia pero los de las privadas no. Múltiples estudios han mostrado que una proporción importante de los alumnos de la UdelaR pertenecen a los quintiles superiores de ingresos, por lo cual no necesitan ese subsidio que pagan todos los vecinos de Montevideo. Por otro lado un alumno de una universidad privada pero con una beca importante y con ingresos más bajos que los de muchos alumnos de la UdelaR, no tiene derecho a boleto de estudiante. En otras palabras, la Intendencia le brinda boletos subsidiados a alumnos de altos ingresos de la UdelaR y se los niega a alumnos de bajos ingresos de las universidades privadas, sólo por ser de universidades privadas. En la medida que el objetivo del gobierno de Montevideo sea ayudar a estudiantes de escasos ingresos, este pensamiento es ilógico y vuelve ineficaz (e injusto) el instrumento. Un diseño lógico sería otorgar estos boletos subsidiados a los estudiantes que lo necesiten en base a la información de ingresos de sus familias que hoy tiene el Estado en base a las declaraciones de IRPF y a los relevamientos del Mides.

Estos ejemplos ilustran cómo políticas bien intencionadas se vuelven injustas e ineficaces por una confianza "sobrenatural" en las instituciones estatales basada en un pensamiento ideológico. Debe notarse que el mismo pensamiento ideológico se puede dar en la otra dirección. Las sociedades que piensan que lo privado es inherentemente superior a lo público, sólo por ser privado, están tan equivocadas como las otras.

Como sociedad, más allá de nuestras convicciones políticas, debemos aspirar a que predomine un pensamiento lógico en nuestras políticas públicas ya que la alternativa socava nuestras perspectivas de ser una sociedad próspera que brinde oportunidades a todos los ciudadanos.