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Aborto: presentan firmas para aplazar votación en el Senado

| Despenalización. Proyecto apoyado por el FA y el nacionalista Saravia

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DANIEL ISGLEAS

En medio del pedido de organizaciones defensoras de la vida para aplazar hasta marzo el tratamiento de la ley que despenaliza el aborto, y de otras organizaciones que presionan para votarla ahora, el Senado tratará hoy el polémico proyecto.

"Toda mujer mayor de edad tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional", afirma el proyecto de ley que será debatido por el Senado, donde la coalición de izquierda que impulsa el proyecto tiene mayoría.

Sin embargo, hay posiciones diferentes en la bancada del Frente Amplio. El senador Carlos Baráibar (Asamblea Uruguay), no comparte la iniciativa, argumentará en contra de la despenalización del aborto y a la hora de votar solicitará el ingreso de su suplente, Milton Antognazza, quien levantará su mano para aprobar el proyecto.

Además, el senador del Partido Nacional, Jorge Saravia, acompañará la iniciativa. Saravia es uno de los firmantes del proyecto cuando estaba en el Frente Amplio.

La bancada de Vamos Uruguay, el sector del senador colorado Pedro Bordaberry, decidió por mayoría de catorce votos contra dos actuar con "unidad de acción" y, en consecuencia, sus tres senadores (Bordaberry, Ope Pasquet y Alfredo Solari), votarán en contra de la despenalización.

En lo previo, Pasquet era partidario de votar pero tras la reunión adelantó a El País que va a acatar la mayoría de su sector y votará en contra, aunque explicará que lo hace por disciplina partidaria.

Los dos senadores de Proba (Propuesta Batllista), José Amorín y Tabaré Viera, también votarán en contra.

Esto significa que de toda la oposición, únicamente Saravia acompañará el proyecto.

En las inmediaciones del Palacio Legislativo se espera que haya una nutrida convocatoria de entidades contrarias a la interrupción del embarazo. La sesión del plenario comenzará a las 9.30, pero el proyecto sobre el aborto figura a la mitad de una larga lista de asuntos a considerar, por lo que su tratamiento se prevé para las primeras horas de la tarde.

Según establece la iniciativa, el plazo de 12 semanas no se aplicará si el embarazo es producto de una violación, si está en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran "malformaciones fetales graves, incompatibles con la vida extrauterina".

Todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, tendrán la obligación de realizar el aborto en forma gratuita a las usuarias que lo soliciten por mandato legal.

La norma vigente actualmente, aprobada en 1938, pena con tres a nueve meses de prisión a la mujer que consienta un aborto, con seis a 24 meses a quien colabore con la interrupción del embarazo y dos a ocho años de penitenciaría para quien lo practique sin el consentimiento de la mujer.

A pesar de estar penado por ley, en Uruguay cada año se producen más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, lo que da un promedio de 82 abortos por cada día de la semana, o uno cada 20 minutos durante las 24 horas del día.

Pero, como señalan organizaciones no gubernamentales, la realidad podría duplicar esas cifras.

La iniciativa establece que se consideran causas atenuantes de la interrupción del embarazo que el acto se cometa "para salvar el propio honor, el de la esposa o un pariente próximo", por "razones de angustia económica", si el embarazo fue producto de una violación o si se hace para salvar la vida de la embarazada.

CONVOCATORIA. Diversas entidades han anunciado que se harán presentes en las inmediaciones del Palacio Legislativo a lo largo de esta jornada, la mayoría de las cuales está en contra del aborto.

El Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay (CREU), entidad que está conformada por una red de unas 70 asociaciones de Iglesias, y unas 1.500 congregaciones en todo el país, distribuyó un comunicado con su posición.

Indica allí que haya "un tratamiento más reflexivo y mesurado sobre un tema tan sensible" como el aborto y expresó su "compromiso con la defensa innegociable de la vida".

También está convocando a concentrarse en el Palacio Legislativo la Mesa Coordinadora Nacional por la Vida, que considera en un comunicado que este proyecto "no fue tratado democráticamente, porque no se escuchó a muchas organizaciones que se dedican al tema y habían solicitado audiencia en tiempo y forma".

"Es un proyecto profundamente machista que quita más responsabilidad al varón dejando a la mujer sola con su problema y con la única perspectiva de cargar de por vida con un aborto", añadió el comunicado.

Y concluye pidiendo "llevar carteles, bombos, redoblantes, y cacerolas, porque como símbolo vamos a hacer una caceroleada alrededor del Palacio".

La Coordinadora por el Aborto Legal convocó a las barras del Palacio Legislativo en apoyo a los legisladores que respaldan el proyecto de ley, que de ser aprobado pasará a la Cámara de Representantes.

A su vez, la Mesa Coordinadora por la Vida convocó a una concentración en las puertas del Parlamento para protestar contra la iniciativa.

Ayer, un grupo de integrantes de diferentes colectivos sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos en Uruguay presentaron ante el Senado 500 firmas de ciudadanos pidiendo que el tema se postergue hasta marzo.

Comparecieron haciendo uso del derecho consagrado en el Art. 30 de la Constitución ante el Senado, solicitando la postergación de la votación hasta que todas las entidades involucradas en el tema de la salud reproductiva se puedan pronunciar en la comisión.

"La comisión actuó con una actitud discriminatoria y con arbitrariedad porque solo escuchó a los que apoyan el aborto", dijo a El País la abogada Victoria Picón, representante de una de esas organizaciones.

INTENTOS. En las últimas décadas ha habido diversos proyectos para legalizar el aborto, presentados en 1978-1979, 1985, 1991, 1993, 1998 y 2002.

Diversas encuestas han revelado además que entre 57% y 63% de la población uruguaya estaría a favor de legalizar la interrupción del embarazo.

En 2008, los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que legalizaban el aborto fueron vetados por el entonces presidente Tabaré Vázquez, argumentando "razones de orden jurídico, científico y técnico" y "principios éticos".

Esta decisión provocó su renuncia al Partido Socialista (PS), al que había estado afiliado durante años, por el malestar que le produjeron las críticas recibidas desde esa fuerza política.

El presidente José Mujica votó la ley anterior siendo legislador del Frente Amplio y ha dicho que no hará uso de la facultad de veto que tiene el Poder Ejecutivo.

"Nadie puede ser privado de la vida"

D.I.

-¿Por qué razones se opone al proyecto de despenalización del aborto?

-Mantengo esta posición desde toda la vida. La Constitución, en sus artículos 7 y 72, es clara sobre el amparo del derecho a la vida. En lo que tiene que ver con el Derecho Internacional, puedo decir que en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales se establece que el derecho a la vida es inherente a la persona humana, que estará protegido por ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Allí también se dice que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad. A su vez, en un artículo del Pacto de San José de Costa Rica se establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida; este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

-En el año 2008 el expresidente Tabaré Vázquez vetó la legalización del aborto y levantó resistencias dentro del propio Frente Amplio. ¿Le preocupa que le pueda pasar lo mismo?

-Tabaré Vázquez ve-tó algunos artículos de la ley pero el resto fue aprobado. Por eso sostengo que se puede avanzar decididamente, garantizando la salud sexual y reproductiva de la mujer y sin entrar en la despenalización lisa y llana del aborto. Hay muchísimo campo para avanzar dentro de la normativa vigente y seguramente nos podríamos poner de acuerdo. Hay medidas intermedias como, por ejemplo, eliminar la pena de prisión, estableciendo sanciones alternativas de educación o de cuidados de la salud, que ayudarían perfectamente a avanzar decididamente en la atención de este flagelo que, sin duda, es el aborto clandestino. Pero, además, la posición mía no es rígida ni dogmática. Estoy de acuerdo en que por razones de malformación se autorice la despenalización dentro de las doce semanas del embarazo.

-¿No siente que la posición de la bancada del FA lo obliga a votar?

-No, yo voy a argumentar y voy a pedir licencia para no estar en la votación. La bancada no me puso restricciones, pero considero que las normas morales y éticas no siempre coinciden con las normas políticas de la bancada. No quiero que mi voto, que reconozco que es decisivo, sea un voto que impida que la ley se vote. Sé que es una posición discutible, opinable. Hay gente que me dice que tendría que seguir hasta las últimas consecuencias pero siento que eso es lo que debo hacer sin forzar las mayorías de un lado o de otro.

-¿Qué le deja todo el debate que se produce cada vez que se intenta aprobar una ley de este tipo?

-Veo que aquí el tema se reduce simplemente a "aborto sí" o "aborto no" y a las condiciones en que se realiza. Pero digo que hay que atender otras circunstancias como la educación, la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno y la rehabilitación.

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