Aprobaron patente única pero se quebró el acuerdo

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DANIEL ISGLEAS

Mujica quería que la patente única tuviera una amplia base de apoyo político, pero el Frente Amplio no cedió a los planteos de la oposición y el acuerdo se cayó. Solo votó la coalición de izquierda y el senador nacionalista Eber Da Rosa.

En septiembre, la Presidencia anunció con toda pomposidad que se había logrado un acuerdo entre los 19 intendentes para poner fin a más de 40 años de "guerra de patentes" entre los departamentos.

El presidente José Mujica, complacido, dijo que deseaba un amplio acuerdo político detrás del nuevo sistema porque, entre otras cosas, estaba respaldado por intendentes de los tres partidos mayoritarios, doce del Partido Nacional, cinco del Frente Amplio y dos del Partido Colorado.

Pero la expectativa se desmoronó ayer cuando solamente los frenteamplistas y un senador del Partido Nacional -Eber Da Rosa, ex intendente de Tacuarembó- acompañaron la ley que crea el nuevo sistema (ver recuadro).

El proyecto, en su condición de ley de urgencia, vuelve a la Cámara de Representantes para que en un plazo máximo de diez días se sancione y comience a regir el 1° de enero.

La negativa explícita de varios senadores nacionalistas y colorados a votar aquel acuerdo irritó al gobierno.

Los nacionalistas Francisco Gallinal, Juan Chiruchi, Luis Alberto Heber, Luis Alberto Lacalle, Jorge Larrañaga y el colorado Ope Pasquet adelantaron que no votarían la ley.

Dijeron en líneas generales que esta ley "no soluciona la guerra de las patentes", que "afecta las autonomías" de los gobiernos departamentales y que "contiene inconstitucionalidades", por lo cual a medida que avanzaba el debate quedaba claro que solo Da Rosa votaría la ley.

MUJICA INTERVIENE. En las horas previas a la reunión del Senado, el senador Jorge Larrañaga, en nombre de la bancada del Partido Nacional, había solicitado introducir algunos cambios en el texto como convalidar el acuerdo en las Juntas Departamentales, y declarar expresamente que no se fiscalizaría en ningún departamento a un vehículo empadronado en otro. Pero el pedido de Larrañaga no prosperó.

Entonces, cobró vigor la idea de no votar, lo que provocó un hondo malestar en la bancada del gobierno, al punto tal que el presidente José Mujica fue advertido de la situación. Tras algunos minutos, llamó por teléfono al Senado y mandó abandonar la sala al Frente Amplio porque dijo que hubo "acuerdos no cumplidos" por parte de los nacionalistas.

La bancada oficialista pidió un intermedio de veinte minutos para decidir qué hacer. En el camino a la reunión, un senador explicó a El País lo que sucedió: "llamó el Pepe y dijo que nos fuéramos de sala porque hubo acuerdos no cumplidos".

Tras el intervalo, los senadores del gobierno decidieron desoír a Mujica y dar la batalla para lograr el apoyo de la oposición. Fue así que la senadora suplente Hyara Rodríguez, que reemplaza a la socialista Mónica Xavier, dijo que negarse a acompañar el acuerdo de los 19 intendentes es "no respetar al Congreso" ni "la voluntad" de los jefes comunales. Advirtió que votar el acuerdo "no es hincarse ante los intendentes".

Rodríguez explicó que una ley no puede obligar a los intendentes a someter a las Juntas el acuerdo, como querían los nacionalistas, porque eso lesiona la autonomía. "No se puede hablar de autonomías si después esa autonomía no pesa a la hora de votar", destacó.

AFOROS. Larrañaga indicó que el día previo a la sesión trató de hablar con el director de la OPP, Gabriel Frugoni, para que le informara cuál será la tabla de aforos de los vehículos, pero dijo que sus intentos fueron "un total fracaso".

El senador oficialista Rafael Michelini respondió que la OPP aún no terminó de elaborar en detalle de la tabla de nuevos aforos.

Según Larrañaga, el nuevo sistema "no es bueno", no pondrá fin a la guerra de las patentes y advirtió que "dirigentes de todos los partidos van a torpedear" esta ley. "Es una solución renga", alertó.

Larrañaga dijo que el presidente "fue mal asesorado" sobre la pertinencia de esta ley y que "quedó expuesto" por el fracaso del acuerdo con la oposición.

De acuerdo con este proyecto de ley, el Imesi para los vehículos cero kilómetro pasará de 40% al 52%, los que costarán desde el 1ª de enero entre un 12% y un 15% más. Esto rinde aproximadamente US$ 30 millones.

Según dijo al Senado el miembro informante, Rodolfo Nin Novoa, en conjunto los gobiernos departamentales adeudan a UTE al presente $ 1.400 millones, lo que equivale a dos años de recaudación.

En el acuerdo por el sistema de patente única está estipulado que esa deuda se condone en buena parte, lo cual dijo que es algo muy atractivo para las intendencias.

La ley de patente única crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que administrará el cobro para todos los vehículos a nivel nacional.

El proyecto de ley se origina en una iniciativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), que contó con la aprobación de los diecinueve intendentes. El acuerdo es por quince años, renovable por otro período similar.

La ley dispone la creación de un fideicomiso que se encargará del cobro de patentes y multas, aunque lo recaudado irá para cada comuna. Si bien la adhesión al sistema será voluntaria, las intendencias que no acepten serán sancionadas.

Este fideicomiso estará conformado por Presidencia y representantes de las intendencias y tendrá a su cargo también el cobro de las patentes y las multas generadas en todos los departamentos. Para esto, cada comuna deberá informar sobre las multas registradas en su departamento, facilitando el cobro de las mismas de forma centralizada.

El acuerdo establece que habrá un aforo único de los vehículos y una alícuota única que determinará el costo de la patenta para cada marca y modelo de vehículo, que será el mismo en todos los departamentos.

El acuerdo con los 19 intendentes incluye el compromiso del gobierno central de que los gobiernos departamentales no sufrirán pérdidas en su presupuesto a causa de la instrumentación de una patente única. En la ley se establece que el gobierno tomará como referencia los ingresos por patente de las intendencias al final de 2010.