Jesús Ceberio
Los bloques informativos de campaña en las televisiones públicas durante las últimas semanas fueron un engaño al público que los presentadores de Televisión Española pregonaron a diario en términos más eufemísticos. Lo que supuestamente era un espacio de noticias estaba minutado por la Junta Electoral Central del país y las imágenes eran distribuidas por los partidos. Una más de las anacrónicas anomalías -como la prohibición de publicar encuestas desde cinco días antes de los comicios en todo el territorio español- que han perdurado en la normativa electoral de la "madre patria" y que los usos partidistas han llevado hasta la caricatura.
El seguimiento de esta propaganda de partido permite, sin embargo, intuir por dónde van las preocupaciones de los estrategas de campaña y el discurso que quieren potenciar en cada momento. Durante los días que siguieron al debate Rajoy-Rubalcaba, el Partido Popular (PP) puso el foco sobre su compromiso de mantener intacto el Estado de bienestar, garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, asegurar una sanidad pública universal, etc. Otro tanto harían otros políticos de su partido, que ante cada cámara que se les ponía delante de ellos garantizaban que no se habría una suba del IVA.
Se trataría así de contrarrestar el miedo que Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato del PSOE, pudo haber sembrado en los sectores más vulnerables de la población a los recortes asociados a una victoria popular. Más allá de quién ganara aquel duelo, parece que el candidato socialista abrió alguna grieta en el sólido acorazado popular a juzgar por el rumbo de sus mensajes, que luego han vuelto a centrarse sobre el tema del desempleo.
Los últimos informes europeos sobre el riesgo cierto de una recesión en España, seguida de una larga etapa de estancamiento económico, obligarán al ganador de las elecciones del 20-N, hoy, a poner en marcha un paquete de medidas urgentes en el que el conservador Mariano Rajoy se propone encajar la reducción del déficit con el mantenimiento de todo el gasto social sin subir ningún impuesto. Aunque no ha dicho cómo.
Un dirigente popular de alto rango entiende que en el primer nivel de prioridades de Rajoy están una reforma laboral y otra financiera. La primera para eliminar los obstáculos a la contratación que a su juicio existen en las leyes de trabajo vigentes y la segunda para acabar con la sequía del crédito a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas.
En todo caso admite que el efecto de esas reformas no será inmediato y los analistas anticipan un primer semestre con más desempleo (hoy se coloca en el 21,5%, lo que significa casi 5.000.000 de personas sin trabajo) y un crecimiento negativo o estancado. Esto es, con menos ingresos del Tesoro.
Los compromisos adquiridos con Europa limitan el déficit de todas las Administraciones públicas para el año próximo al 4,4%. Nadie apuesta un euro por que este año se vaya a cumplir el objetivo del 6% y cada punto porcentual equivale a un recorte de 12.000 millones de euros (US$ 15.200 millones). Por otro lado, el Reino de España tiene que renovar en 2012 un volumen de deuda pública de 173.000 millones de euros (US$ 220.000 millones) a un precio creciente por las dudas sobre la solvencia de España y el efecto colateral de las turbulencias que se han instalado sobre el arco mediterráneo. No hay fe más volátil que la de los mercados, como se está demostrando estos días tras el nombramiento de Mario Monti en Italia.
Un sombrío panorama en el que hace falta algo más que sentido común y "un Gobierno potable" para salir airoso. Si se cumple lo que anticipan las encuestas, Rajoy tendrá que empezar por imponer una férrea disciplina fiscal a las comunidades autónomas y los Ayuntamientos que gobierna su partido, lo que demanda una autoridad que hasta ahora no figura entre los rasgos dominantes de su carácter.
En el actual estado de cosas el ganador ni siquiera tendrá el margen de respeto de los cien días. No podrá esperar para destapar las cartas que están ocultas. Cuando se presente a su primer examen en Bruselas, a comienzos de febrero, tal vez caiga en la cuenta de que no era tan mala la idea de Rubalcaba de proponer al Eurogrupo un plazo adicional de dos años para alcanzar el objetivo de déficit del 3%. (El autor fue durante 13 años director de El País de Madrid y desde 2006 coordina todos los medios del grupo PRISA)