Se agota la paciencia

Antonio Mercader

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, se exaltó al conocer los datos de una encuesta en donde los empresarios condenan la gestión del gobierno y se muestran pesimistas sobre el futuro inmediato de la economía. Aunque la encuesta de la consultora Deloitte no se centra en temas laborales, está claro que en sus resultados pesó la actuación cada vez más pro sindical y antiempresarial del gobierno de José Mujica.

Eso explica por qué Brenta fue el primer gobernante en darse por aludido ante los datos del sondeo. Tiene razones para ello pues su ministerio desequilibra las relaciones entre empresas y sindicatos a favor de estos últimos. Para usar una imagen conocida, su manera de arbitrar no consiste en presionar con un dedito uno de los platillos de la balanza sino que suele colocar sobre él todo el peso de su cuerpo. Y los empresarios, naturalmente, rechinan.

Centenar y medio de ellos contestaron malhumorados a las preguntas de Deloitte. La aprobación al gobierno, que en marzo era del 31%, cayó a la mitad, mientras que la desaprobación que frisaba entonces en el 13% trepó ahora al 49%. En seis meses se dio vuelta la tortilla. Según los encuestadores, la razón es que los consultados condenan las políticas estatales en seguridad y educación al tiempo que aumentan sus temores por la crisis económica internacional.

Ello justifica en parte ese cambio de opinión en apenas un semestre, pero sólo en parte. La efervescencia sindical de los últimos tiempos con una conflictividad que amenaza convertir al 2011 en el año récord en materia de paros y huelgas desde que el Frente Amplio llegó al poder, tiene que pesar en el ánimo de los empresarios. También gravita el apoyo del gobierno a las demandas sindicales, su rol parcializado en los consejos de salarios y su prescindente actitud en materia de ocupaciones de empresas.

Ese es el caldo de cultivo para que los sindicatos vayan dejando de lado la progresividad en sus medidas de lucha porque ahora es común que antes de empezar a negociar se concreten acciones tan drásticas como formar piquetes ante las fábricas y disponer ocupaciones. Así lo ilustró el reciente caso de la industria metalúrgica con decenas de ocupaciones de plantas industriales, algunas de ellas con violencia, lo que desnudó la pilatuna posición del Ministerio de Trabajo ante los excesos. Tanto se lava las manos ese ministerio que ignora los fallos judiciales contrarios a las ocupaciones y sigue sin aplicar los consejos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hace tiempo le advirtió al gobierno uruguayo que el ejercicio del derecho de huelga debe respetar la libertad de trabajar de los no huelguistas así como el derecho de los empresarios a permanecer en sus instalaciones en el caso extremo de que sus empresas sean ocupadas.

Poco a poco, la vieja conmixtión entre el poder sindical y la izquierda va camino de convertirse en política estable de un gobierno cuyo sesgo anti-empresarial y anticapitalista es cada vez más acentuado. A no sorprenderse entonces si las encuestas muestran que empieza a agotarse la paciencia de los empresarios.