FABIÁN TISCORNIA
"Tenemos la sensación que esto es una suerte de blanco móvil" ya que "constantemente cambian las exigencias y los puntos de vista (de la OCDE), cambian los calificativos y se transforman en amenazas", afirmó ayer el ministro Fernando Lorenzo.
En 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) estableció una exigencia, pero luego la amplió en 2010.
El 2 abril de 2009, Uruguay fue incluido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en una "lista negra" de países no cooperantes en materia de intercambio de datos tributarios. En un día, el gobierno envió una nota a la OCDE comprometiéndose a firmar acuerdos que incluyeran su estándar de intercambio de datos tributarios. Estos implican que un Estado puede pedir a otro, con el que tenga convenio, datos sobre contribuyentes sin que este segundo pueda negarlos siquiera porque esa información está en poder de bancos entre otros aspectos.
Con eso, Uruguay fue removido a una "lista gris" de países cooperantes pero que no han implementado sustancialmente esa cooperación. Para poder salir de la lista, se exigían al menos 12 acuerdos vigentes.
La estrategia del gobierno fue iniciar negociaciones con varios países de los que provienen inversiones (Alemania, España, México, Portugal, Finlandia, Corea) y con otros pequeños con los que hay poca o nula relación económica (Malta, Liechtenstein, Suiza). En 2010, el Parlamento aprobó una ley (que entró a regir el 1° de enero de 2011) por el que se gravan las rentas de activos uruguayos en el exterior y para fiscalizarlos el gobierno necesita tener acuerdos con países de destino de los mismos, como Suiza.
Al momento, Uruguay tiene dos acuerdos vigentes para evitar la doble tributación que incluyen el estándar de OCDE de intercambio de datos (México y España) y otro vigente que es solo de intercambio de información. Otros cuatro tienen media sanción parlamentaria (Portugal, Suiza, Malta y Liechtenstein) y tres ingresaron al Parlamento (India, Alemania y Ecuador). A su vez, hay negociados y listos para ser firmados por ambos gobiernos diez convenios más (Canadá, Corea, Australia, Suecia, Noruega, Islas Feroe, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Groenlandia). Una vez ratificados, Uruguay tendrá 20 acuerdos para evitar la doble tributación que incluyen el estándar OCDE o de intercambio de información, con lo que superará los 12 exigidos.
Pero, en 2010 apareció en escena el Foro Global sobre Transparencia Fiscal de la OCDE que ya no mira solo que un país tenga 12 acuerdos (ese solo es un punto de nueve evaluados), sino algo más amplio: que esos acuerdos sean con socios relevantes, que la legislación permita el acceso a la información y que la misma esté disponible (ver gráfico aparte). En la primera mitad de 2010, el Foro Global implementó las llamadas revisiones "entre pares". A Uruguay le tocó la evaluación de fase uno este año.
Por eso, ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, Lorenzo se refirió a "una suerte de indefensión en el marco multilateral". "Nos gustaría que hubiera un marco muy claro de cuáles son, efectivamente, los estándares que nosotros creíamos haber cumplido y que en determinado momento aparece que no están cumplidos", expresó el titular de Economía.
Los resultados finales de la revisión del Foro Global sobre Uruguay se conocieron el pasado 26 de octubre y el país no pasó a la fase dos de revisión, al tener calificados dos de los nueve aspectos evaluados como "inadecuados" y otros cinco como "adecuados pero con necesidad de ajustes".
Los dos aspectos marcados por el Foro Global como "inadecuados" fueron: el no tener acuerdos de intercambio de información fiscal con socios relevantes -entre los que se mencionó a Argentina y Brasil- y el hecho de que en el régimen de acciones al portador y de fideicomisos "no hay mecanismos para asegurar que los propietarios de dichas acciones pueden ser identificados".
La delegación uruguaya encabezada por el director de la Asesoría Tributaria del Ministerio de Economía, Nelson Hernández, respondió esos cuestionamientos. Sobre los acuerdos, señaló que por "socios relevantes" se entiende que "no necesariamente son los `principales socios comerciales`", según el documento al que accedió El País. "En el caso de Uruguay, socios relevantes también comprenden los socios de inversión, como España, Finlandia y Suecia con los que tenemos acuerdos o los estamos negociando", se añadió. "Por otra parte, hemos enviado una invitación a negociar con a Estados Unidos, y ellos respondieron que a finales de este año estarán listos para el intercambio de proyectos de acuerdo", se aseguró en la respuesta.
En tanto, frente a la objeción de no poder identificar a los accionistas al portador, la delegación uruguaya puntualizó que "no es totalmente exacto ya que los propietarios de acciones al portador se identifican cuando asisten a una reunión de accionistas" lo que ocurre "por lo menos una vez al año".
Sin embargo, el Foro no tomó en cuenta las respuestas.
¿Por qué OCDE evalúa?
El Foro Global sobre Transparencia Fiscal de OCDE busca asegurar que los países intercambien datos. Así, las adminstraciones tributarias pueden investigar a contribuyentes que tengan dinero o activos en el exterior y cobrarles impuestos. Por esto evalúa nueve aspectos (ver infografía). A la fecha, 59 países fueron analizados. Nueve no pasaron la prueba (como Uruguay) y dos sí (Lietchenstein y Suiza), pero de forma condicionada. En 2012 inicia una segunda revisión, pero a Uruguay le tocará en 2014.