Patentes: afirman que el acuerdo beneficia a intendencias del FA

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DANIEL ISGLEAS

Como los colorados, los blancos afirman que el gobierno quiere "premiar" a Montevideo y Canelones con la patente única. El acuerdo no será apoyado por el Partido Nacional si no hay garantías para las intendencias y ajustes en la constitucionalidad.

Una reunión de casi cuatro horas de los doce intendentes del Partido Nacional con senadores y diputados blancos para analizar en detalle el proyecto de ley de patente única nacional, que el gobierno envió al Parlamento y que plasma un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes, sirvió además para valorar políticamente el motivo por el cual el propio presidente José Mujica impulsó el acuerdo nacional.

La causa que llevó más tiempo en la consideración y que recogió más adeptos entre los nacionalistas fue la lectura que hicieron legisladores e intendentes en cuanto a que el acuerdo "no es justo" con la mayoría de las comunas porque la intención del gobierno es "premiar" a Montevideo y Canelones, departamentos que, en manos del Frente Amplio, han tenido un "pésimo desempeño" administrativo y de manejo de los recursos, dijeron a El País participantes de la reunión.

RESPONSABILIDAD. Uno de los argumentos más fuertes que se escucharon en torno a esto en la reunión, fue que la intención del gobierno ha sido "liquidar un componente político" que "pesa" sobre las administraciones de Montevideo y Canelones, las que se aseguró que han sido "responsables por la guerra de las patentes".

Al contrario de aquéllas, Colonia, Flores, San José y otras han tenido "presupuestos equilibrados" y gestiones "eficientes", a pesar de lo cual ahora deberán ajustar al alza el valor del tributo, se aclaró.

Las fuentes relataron que hubo otras consideraciones políticas. A pesar de que los doce intendentes nacionalistas apoyaron el acuerdo propuesto por Mujica, se subrayó en el encuentro que la "llave" para que haya patente única nacional a partir de 2012 "la tenemos nosotros".

En determinado momento de la reunión uno de los legisladores preguntó: "¿por qué el presidente quiere integrar al acuerdo al Partido Nacional cuando tiene las mayorías en el Parlamento para sacar la ley?", a lo cual se le respondió que el análisis indica que Mujica necesita el apoyo del Partido Nacional, a través de la mayoría nacionalista del Congreso de Intendentes, para "capitalizar" políticamente este acuerdo. De ahí que se haya considerado que la "llave" del éxito de esta propuesta es del Partido Nacional y, en función de ello, los blancos promoverán una serie de cambios a la iniciativa oficialista.

condicionado. En el encuentro no se fijó una posición de partido dado que hay opiniones encontradas en los sectores nacionalistas y algunas dudas de forma entre los propios intendentes.

Se decidió formar una comisión política para analizar algunas propuestas que se elevarán al gobierno luego de que el Directorio partidario las apruebe.

En otro momento de la reunión, varios legisladores apuntaron a que la rebaja del precio de las patentes en los departamentos de Montevideo y Canelones supondrá "un beneficio para la gente", pero a la vez es un reconocimiento de que en ellos "se cobraba una patente exorbitante".

En los hechos, las fuentes dijeron que se afirmó en la reunión que la participación de los doce intendentes blancos en el acuerdo "condiciona" al Partido Nacional, y por eso no se arriesga a una posición "en contra" del acuerdo, sino más bien a "tratar de corregirlo".

Si bien durante el encuentro nadie reprochó a los intendentes que hubieran hecho el acuerdo, el presidente del Directorio, Luis Alberto Heber, les indicó que debieron "conversar" sus intenciones antes de participar del acuerdo.

El senador Carlos Moreira (Alianza Nacional), exintendente de Colonia, fue uno de los que habló sobre las inconstitucionalidades del texto. Sostuvo que viola el artículo 214, relativo a la distribución de los recursos nacionales que se generan en el departamento, y el 297, sobre la autonomía de los gobiernos departamentales.

Además, el exintendente de San José Juan Chiruchi (senador de Unidad Nacional), cuestionó que el acuerdo no se hubiera ratificado por las respectivas Juntas Departamentales, tal cual lo dispone la Constitución.

Incluso, Chiruchi apuntó que cualquier contribuyente podría pedir la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley y si la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallara en ese sentido, "chau acuerdo por las patentes y otra vez la guerra", relataron los informantes.

CAMBIOS. En ese marco, el senador Francisco Gallinal propuso cuatro modificaciones al texto del Poder Ejecutivo. Una primera es que se incluya a texto expreso en el proyecto de ley que se termina la guerra de las patentes y que se sancionará con afectación de la prorrata que les corresponde por ese tributo a los intendentes que sigan persiguiendo a los vehículos con chapas de otros departamentos.

Una segunda propuesta es que en los fideicomisos previstos por la ley, el Congreso de Intendentes tenga opinión decisiva, es decir, poder de veto.

En tercer lugar, planteó que se derogue la ley vigente de patentes, que, según Gallinal, permite la persecución de vehículos que se da actualmente.

Por último, propuso que de alguna forma la ley impida subir las patentes en departamentos como Montevideo y Canelones, que se verán beneficiados.

El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley estableciendo la patente única de rodados a nivel nacional. La iniciativa crea el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) que percibirá el monto del tributo, los recargos, multas y moras del mismo, así como otras multas. El Sucive será administrado por un fideicomiso autorizado por el Banco Central, que transferirá los fondos a los gobiernos departamentales. El proyecto fue aprobado por el Congreso de Intendentes. El Poder Ejecutivo dijo en el mensaje enviado al Parlamento que intenta "ser una contribución a la solución del problema" de las patentes, "sin infringir en absoluto las competencias constitucionalmente establecidas para los gobiernos departamentales" que permita la homogeneización del monto del tributo.

La Concertación Republicana Nacional (CRN), del senador Jorge Saravia, fue el primer grupo nacionalista en pronunciarse sobre la ley de patente única. Y lo hizo abiertamente en contra, a un punto tal que la mesa directriz del sector consideró que el proyecto "va en contra de principios básicos del Partido Nacional como la autonomía municipal y la descentralización", y que es "una suerte de mecanismo extorsivo utilizado para concretar el acuerdo".

Esta definición política fue expuesta por el senador Saravia en la reunión que legisladores celebraron ayer en la sede del Directorio del Partido Nacional con los doce intendentes nacionalistas del interior del país, en la cual se analizó el acuerdo para concretar la patente única de rodados.

La definición política del grupo del senador Saravia no cayó bien entre sus excompañeros del Frente Amplio, quienes reaccionaron con molestia.

El senador del Frente Líber Seregni (FLS) Carlos Baráibar, señaló que el término "extorsivo" utilizado por Saravia, le parece "exagerado".

Por su parte, el coordinador de la bancada oficialista de Diputados, José Bayardi, sostuvo que "el Congreso de Intendentes ha decidido en forma libre y pacíficamente que esta ley es una buena solución para terminar con la guerra de patentes".

A la vez, el diputado de la Vertiente Artiguista (VA) afirmó a Observa.com que "si yo hago un acuerdo y no lo cumplo, me parece que es de orden ser sancionado".