Una encuesta realizada a fines de agosto reveló que el 52% de los montevideanos desaprueba la actual gestión municipal y solo un 28% la aprueba, lo cual es un resultado preocupante para el principal baluarte electoral de la coalición de gobierno. Esa misma encuesta indica que la titular de la Intendencia dispone apenas del 28% de aprobación, de manera que el respaldo popular a esa jefa comunal cayó cinco puntos, desde el 33% que la apoyaba hace unos meses. De acuerdo a lo que dicho estudio permite saber, el problema principal de la administración departamental es la basura y por lo tanto la limpieza de la ciudad, cuya deficiencia encabeza la lista de todas las carencias que la ciudadanía reprocha al desempeño municipal.
Las autoridades comunales no enfrentan solamente la desaprobación de los montevideanos, sino también las agresividades sindicales de Adeom, que como se sabe es el gremio que tiene peor imagen entre todos los que forman parte del Pit-Cnt, un descrédito bien ganado por sus penosas actitudes del pasado, entre las que hubo episodios incalificables y ataques personales contra un jerarca que se encontraba en la etapa terminal de una grave enfermedad, entre otros atentados de carácter similar. A pesar de todo ello, la actual intendente montevideana ha debido ceder en sus enfrentamientos con el sindicato, otorgándole beneficios adicionales a los que ya gozaban sus afiliados, que son mayores a los que recibe todo el resto del funcionariado público. Para obtener lo que la Intendencia califica como "paz sindical", se les ha concedido no ya el ajuste salarial correspondiente al 100% del IPC -del que ya disfrutaban desde el convenio acordado en un período anterior- sino también un régimen de dos ajustes anuales de salarios (en abril y en octubre) además de un adelanto sobre la inflación prevista para el semestre siguiente. Cabe imaginar que Adeom no se habrá quejado de esas concesiones, aunque puedan hacerlo algunos contribuyentes de cuyos aportes tributarios se abastece la generosidad comunal para mantener apaciguados a los gremialistas de su sector.
Como en el terreno político nadie es culpable de nada, sino que atribuye las responsabilidades de lo que funciona mal a los dirigentes de alguna gestión anterior, la actual administración departamental acusa públicamente a los jerarcas del período previo por los problemas actuales que presenta la pésima recolección de basura domiciliaria. Para justificar esa deficiencia se alude a escasez de recursos y a ciertas vaguedades difíciles de entender, entre las cuales figuran "la escasa cultura del trabajo en equipo, la falta de espacio para la planificación, la escasa cultura de calidad y la debilidad en la gestión de flota", enigmas que solo puede interpretar una jerga municipal dedicada a justificar la torpeza con que se llevan a cabo los trabajos elementales a cumplir para mantener a la capital del país en condiciones aceptables.
A todo lo mencionado cabe sumar el escandaloso número de horas de trabajo de las que están exonerados los miembros del ejecutivo de Adeom, ya que gozan de lo que suele llamarse licencia gremial. Son en total 7.500 horas por año, durante las cuales los quince dirigentes sindicales pueden faltar a su trabajo, aunque ahora reclaman un aumento de esa planilla, mientras -por motivos distintos a los citados- se producen otros aumentos en el ámbito municipal, ya que durante el año 2010 -en promedio- ingresó diariamente un nuevo funcionario a la Intendencia. A fines de ese año, el total de ese personal de la Comuna ascendía a 8.386 individuos rentados, 6.530 presupuestados y 1.811 contratados. Mientras prosigue su curso ese panorama, en las ocho alcaldías montevideanas recientemente creadas, el 62% del presupuesto se dedica a gastos de funcionamiento, porcentaje a la cabeza del cual figura el 41% volcado en pagar los sueldos de 1.047 funcionarios. Los contribuyentes que deben abonar patentes, contribuciones, tasas y demás cargas, podrán ir sacando cuentas sobre el destino de su dinero.