Alertan por "ilegalidad" del nuevo sistema de compras

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DANIEL ISGLEAS

El Tribunal de Cuentas objetó la inclusión del nuevo régimen de compras estatales en la Rendición de Cuentas como quiere el gobierno, en este caso advirtiendo que los cambios planteados podrían derivar en "ilegalidades" en perjuicio del Estado.

El Ejecutivo envió al Parlamento 44 artículos dentro de la Rendición creando el nuevo régimen de adquisiciones en el cual no sólo se disminuyen los controles del Tocaf sobre las compras estatales sino que además se le quita al Tribunal de Cuentas (TCR) facultades previstas en la Constitución.

Una delegación del organismo de contralor presidida por su titular, Siegbert Rippe, se presentó ayer ante la comisión parlamentaria que estudia la Rendición de Cuentas para proponer 17 cambios a los 44 artículos y desaconsejar su aprobación tal como está.

Además, el TCR recomendó añadir un artículo que establezca que la Asamblea General podrá requerir a la Junta Anticorrupción una investigación sobre las observaciones urgentes hechas por el organismo a las compras estatales.

Los nuevos procedimientos previstos para las compras prevén la existencia de mecanismos centralizados de compras corporativas a cargo del Poder Ejecutivo. Por eso, el organismo de contralor subrayó la necesidad de reclamar su "necesaria participación preceptiva", según establece un documento de análisis del sistema propuesto por el gobierno, el que fue presentado ayer.

El Tribunal advirtió que en el proyecto se modifica el Tocaf eliminándose la necesidad de contarse con el previo dictamen favorable del organismo, y que por otra modificación se permitirá las compras centralizadas directamente sin la intervención del TCR.

Así, una de las modificaciones sugeridas le devuelve, precisamente, la facultad de su previo dictamen favorable a las compras.

"Dejar de lado la intervención preventiva y la función de asesoramiento que recae sobre el Tribunal supone perder de vista un elemento cuyo objetivo es prevenir, evitar que se cometan ilegalidades" en las compras estatales, dice el informe presentado ayer en la comisión del Senado.

Y el Tribunal agrega que "la intervención necesaria del cuerpo (el TCR) ante nuevos procedimientos de contratación, especiales" como los que plantea el Poder Ejecutivo, "debería no sólo respetar los principios que rigen la contratación pública sino que además el constituyente exigió que se establezcan requisitos con fines de contralor que hagan efectiva la intervención preventiva en función de evitar incurrir en ilegalidades", basándose en el Art. 213 de la Constitución.

El gobierno plantea la creación de una Agencia de Compras y Contrataciones del Estado como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo para el asesoramiento sobre las compras. La mayor novedad es la autorización de la licitación electrónica que permite una mayor seguridad en la apertura de ofertas.