MPP busca apurar aprobación del impuesto a la tierra

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El impuesto a la tierra que promueve el presidente José Mujica tendrá un intenso análisis parlamentario. El MPP quiere un trámite rápido y el astorismo planteará modificaciones. La mayoría de la oposición se manifestó en contra del tributo.

En la primera sesión de la Cámara de Diputados de septiembre, se decidirá el pase a la Comisión de Hacienda del proyecto de ley que crea el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) que el presidente José Mujica con la firma de todos sus ministros presentó al Parlamento.

Pero además de la comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el proyecto también será discutido en un grupo especial de diputados frenteamplistas, que buscarán consensuar una posición común de toda esa fuerza política, necesaria para lograr la aprobación de la propuesta.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) acepta que se propongan y analicen cambios al impuesto en Diputados, pero pretende que en un mes y medio o dos el proyecto de ley pase al plenario de la Cámara de Diputados, puesto que lo considera prioritario.

Esa no es la visión de otros sectores del Frente Amplio, que consideran que la discusión del tributo no debe tener plazos acotados y que prevén tomarse el tiempo que consideren necesario.

El ICIR genera discrepancias internas en el Frente Amplio, que se reflejan en el Poder Ejecutivo y en su bancada de legisladores.

Dichas diferencias se reflejaron aún más esta semana entre los integrantes del equipo económico que responden al vicepresidente Danilo Astori -y que tiene como principal referente al ministro de Economía, Fernando Lorenzo-, y el que ya muchos denominan grupo económico paralelo, que asesora al presidente José Mujica en la Torre Ejecutiva, cuya cara más visible es el director de la OPP, Gabriel Frugoni, y al que se sumó el exsubsecretario de Economía Pedro Buonomo.

Mujica fue quien impulsó este proyecto de ley que crea un tributo a los propietario de más de 2.000 hectáreas con índice Coneat 100, propuesta con la que Astori se manifestó en contra, pero que finalmente al quedar en minoría en el Ejecutivo firmó junto a los ministros del Frente Líber Seregni (FLS).

Pero tanto Mujica como Astori dejaron abierta la posibilidad de que se realicen cambios al proyecto de ley en el Parlamento, por lo que la misma discusión que se dio en el seno del Ejecutivo se traslada al Legislativo. El MPP, los sectores del FLS y los otros grupos del FA comenzaron a definir cómo actuarán con relación al tratamiento del proyecto en el Poder Legislativo.

Prioritario. El diputado del MPP Alejandro Sánchez informó que el grupo de trabajo sobre el impuesto creado en el FA es integrado por representantes de esa fuerza política en las comisiones de Hacienda y de Ganandería, aunque también se podrán sumar otros diputados.

Sánchez señaló que la intención en ese grupo es "generar debate" para analizar "las modificaciones o mejoras al proyecto" que presenten algunos sectores, pero que aún ese grupo no se reunió.

"En la lista 609 estamos abiertos a que se pueda aportar, pero entendemos que es un proyecto prioritario. La intención nuestra es que en la Cámara de Diputados se dé una discusión en profundidad y abierta, pero que no sea muy lento el debate", dijo a El País.

"Por tanto, nuestra postura es que la podamos culminar la propuesta de proyecto en un mes y medio o dos meses, unas ocho sesiones de la comisión, para llevarlo a la cámara y eso le propondremos al FA", añadió.

Sánchez sostuvo que esta posición "no significa cercenar el debate", y planteó que "si es necesario que la comisión se reúna más de una vez por semana", pero que este proyecto "no puede esperar un año para ser aprobado, sino que nuestro objetivo es que esté aprobado este año".

Agregó que el objetivo del proyecto "es atacar la concentración de tierras", lo que catalogó de "válido, necesario" y que "le va a a hacer mucho bien a las políticas públicas y al desarrollo del país". Por ello, afirmó que el MPP "está abierto a aceptar modificaciones que sirvan para mejorar el proyecto y que no signifiquen cambiar el rumbo", que "está laudado y no está en debate".

El diputado del Nuevo Espacio (NE) Jorge Pozzi, en cambio, manifestó sus dudas y las del sector que integra respecto a si el impuesto desalienta la concentración de tierra.

Resaltó que el ICIR "es un tanto mutante". Dijo que comenzó siendo para infraestructura y que está de acuerdo con que el sector agropecuario ponga dinero para ese fin.

"Pero ahora es un impuesto para evitar la concentración, (en el NE) no estamos seguro si la evita o la alienta y esto es lo que queremos discutir", acotó.

Pozzi dijo que el NE está decidido a tomarse el tiempo que sea necesario para discutir el impuesto y que desconoce cuánto insumirá esa tarea.

El mujiquismo y el astorismo reiterarán en el Parlamento discusiones que se dieron en el gabinete: si gravar la tenencia o la productividad de la tierra y si el índice Coneat es el adecuado para definir el valor de la hectárea. El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti, dijo al diario La República que "la productividad, como factor paramétrico del gravamen, estaría más acertado a la hora de establecer el impuesto", ya que el índice Coneat es "un parámetro viejo y no actualizado, que "no sirve". Alejandro Sánchez (MPP) dijo a El País que "si bien el índice Coneat fue construido hace mucho tiempo y no toma en cuenta algunas actividades, sí es la referencia en el mercado para basar el valor tierra". "Si el mercado lo utiliza para ver cuánto es el valor de la tierra, por qué no lo va a usar el impuesto para gravar ese valor", concluyó.

El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) grava a los dueños de más de 2.000 hectáreas.

El proyecto de ley impulsado por Mujica y elevado al Parlamento prevé gravar con 67 Unidades Indexadas (US$ 8) a las extensiones de tierra entre 2.000 y 5.000 hectáreas; con 100 UI (US$ 12) la hectárea de aquellas extensiones entre 5.000 y 10.000 hectáreas, y con 135 UI (US$ 16) la hectárea de las extensiones de tierra superiores a las 10.000. Lo producido del impuesto, que el gobierno estima en US$ 60 millones anuales, será administrado por un fondo, en el marco de una Comisión Sectorial, que tendrá como objeto solventar los gastos derivados de las reparaciones a la caminería rural y el acceso a los establecimientos industriales y comerciales.

Si el contrato de inversión que firmó en enero Montes del Plata con el Poder Ejecutivo permite a la empresa no pagar el impuesto a la tierra, es el centro de la discusión entre el gobierno y la oposición.

El senador colorado y líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, señaló que el acuerdo -primero confidencial y desde junio público- prevé una compensación a la empresa que instalará una planta de celulosa en Colonia si el impuesto a la tierra es aprobado, ya que afectará su ecuación económica. El cuestionamiento de Bordaberry fue respaldado por otros políticos, entre ellos el presidente del Directorio nacionalista, el senador Luis Alberto Heber.

Desde el oficialismo primero se fustigó a Bordaberry por sus dichos, incluso señalando si su cuestionamiento lo realizaba como senador o productor rural que será afectado por el nuevo tributo, pero las primeras explicaciones sobre el acuerdo fueron confusas. Luego, diferentes jerarcas del Ejecutivo afirmaron que Montes del Plata deberá pagar el impuesto, pero reconocieron que una cláusula del tratado de inversión le permite a la empresa reclamar una compensación si es afectada por el tributo.

El 5 de septiembre la bancada nacionalista tomará posición oficial sobre el tributo.