Algunos edificios ocupados durante años están encontrado salida. El de la exmutualista de Maldonado y Bulevar Artigas ya está desocupado y pronto para demoler. Ahora, un privado se hará cargo de las deudas del edificio céntrico de calle Andes.
"Un privado compró y está ahora renegociando todas las deudas, se hará cargo de las cuentas, e inmediatamente después va a comenzar con el trámite de desalojo de los intrusos que hay allí", afirmó a El País Ricardo Prato, secretario general de la Intendencia, sobre la situación del problemático edificio de Andes y 18 de Julio, refugio desde hace años de delincuentes y ocupantes ilegales.
La estructura, de 15 pisos y 49 apartamentos, está ocupada casi en su totalidad. Apenas 14 apartamentos están habitados por personas contratadas por los dueños, justamente para que no sean ocupados por intrusos. El resto son todos ocupantes, en su mayoría peruanos y bolivianos que fueron afincándose en el último tiempo.
En un caso similar, el viernes fue desalojada la última familia de ocupantes de la ex Cooperativa de Empleados Civiles (Comaec), en Bulevar Artigas y Maldonado, dando fin a más de 10 años de ocupación. La próxima semana el exsanatorio, que supo tener salas de internación, block quirúrgico y otras instalaciones médicas, será demolido. Los nuevos propietarios ya elaboran un plan de negocios para desarrollar en el lugar.
En el caso del edificio céntrico, el procedimiento a seguir en cuanto al desalojo de intrusos y la posterior ocupación del propietario difiere del que se adoptó en la exmutualista, explicó Prato. Algunos apartamentos tienen dueño. "El procedimiento en Andes será el desalojo judicial. Existe un grupo de propietarios dentro del edificio, que habían comprado apartamentos en el momento en que se estaba construyendo. Y si bien han abandonado sus inmuebles, el propietario está comprando todo", afirmó Prato.
"Hay que ver quiénes son los que se presentaron ante el juzgado a reclamar deudas contra la Sociedad Anónima. Hay gente que intentó comprar los apartamentos y no los terminó de pagar pero quedó con un compromiso de compraventa. Otra gente compró su apartamento, pudo escriturar y hacerse del apartamento. Hay deudas laborales, hay deudas que son de la compra del edificio. Son un montón de caminos diversos. Algunos apartamentos se lograron vender e inclusive se logró tener una final parcial para ocupar, pero después vino toda la debacle de los intrusos", amplió el secretario general de la Intendencia.
Según Prato, el propietario está renegociando ahora las deudas. "Esta propiedad tiene deuda con todo el mundo. Deudas por el edificio y tributarias con la Intendencia. Tiene que hacerse de toda la propiedad para empezar el desalojo judicial. Son todos intrusos comprobados, no quedaría ningún habitante con derecho a nada", aseveró.
Consultado sobre lo que se hará allí, Prato dijo no tener claro cuál será el objetivo del nuevo edificio. "No sabemos qué es lo que quiere hacer el inversor allí. Sabemos que piensa recuperar el edificio, que no es poca cosa. Sería una solución para todos que el edificio se habilite y se pueda usar cómo estaba originalmente pensado".
Si bien los trámites ya están en marcha no hay estimación de tiempo, ya que existe un trámite judicial en puerta.
El edificio alojó desde empresas de porte internacional, una agencia internacional de noticias hasta casas de masajes y bocas de venta de pasta base. Allí la Policía ha hecho allanamientos y hace poco hubo un incendio en un apartamento.
Callejón sin salida por plata de narcos
Una de las versiones que siempre circularon acerca de las causas del "limbo legal" del edificio de Andes y 18 señala que el propietario del edificio es el narcotraficante Raúl Vivas, extraditado en la década del `90 a los Estados Unidos por estar presuntamente implicado en varios casos de lavado de dinero.
"Este es un edificio que quedó con el dueño preso en Estados Unidos por un problema vinculado al narcotráfico y quedó abandonado, vendido unos cuantos apartamentos que incluso lograron escriturar su propiedad. Después vino la ocupación de intrusos", narró el secretario general de la Intendencia.
Los comerciantes y vecinos de la cuadra afirmaron a El País estar "cansados" de soportar hechos de violencia y delincuencia producto del edificio ocupado. Desde los pisos más altos arrojan bolsas de basura, restos de comida, y hasta las necesidades, aseguran los vecinos.
"Tiran baldes con orín, bolsas con necesidades. Una chica pasó el otro día rumbo a su trabajo y le tiraron un balde con orín. Se fue llorando y no quiso ni que la ayudáramos", contó la trabajadora de la ferretería ubicada a metros del edificio.
"El problema es que todavía quedan algunos malandros por sacar de acá, que son los problemáticos. Los peruanos son gente de trabajo que no molesta", defendió una inquilina.