La otra reforma

La idea de emprender la reforma del Estado quedó en la nada. ¿Quién recuerda aquellas propuestas de inspirarse en el modelo neozelandés? Pero y sin que los ciudadanos lo perciban, se está produciendo una verdadera privatización de las funciones estatales en áreas vitales.

Así quedó en evidencia en el Senado, cuando se discutió el proyecto de ley para crear el Plan Juntos. El propósito de la iniciativa es inobjetable: apoyar la integración social y habitacional de familias con necesidades de vivienda. Con ese propósito se crearía un nuevo organismo que dependerá de la Presidencia de la República y que recibirá fondos presupuestales y extrapresupuestales. Los problemas comienzan cuando se comprueba que se propone que la gestión de esa nueva entidad no esté sujeta al control del Parlamento ni de los organismos de contra-lor del Estado (Tribunal de Cuentas y Auditoría Interna de la Nación). Tampoco deberá cumplir con el Tocaf el código que debe aplicar la Administración Pública cuando contrata personas o compra bienes.

Hoy ya existen 36 personas jurídicas no estatales y 45 sociedades anónimas que son propiedad, total o parcialmente, de entidades estatales. Algunos de esos organismos existen desde hace algún tiempo, pero su número y peso económico, ha aumentado notablemente desde que asumió el Frente Amplio el gobierno. Se piensa que estos anfibios jurídicos manejan anualmente sumas que llegan a cientos de millones dólares. Una estimación, porque, como no están sujetas a los controles del Estado no se sabe exactamente cuánto dinero administran.

Es evidente que esta mezcla entre fondos públicos y gestión privada requiere de controles adecuados, para el bien de todos.