Las metas de trabajo paralizaron los registros

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El conflicto registral se levanta mañana luego de casi un mes en el que se trabó la venta de 3.600 autos 0km y numerosas operaciones inmobiliarias. El reclamo por una partida salarial disparó un trancazo que afectó al menos 9.000 trámites.

El Edificio del Notariado, donde funciona la Dirección General de Registros (DGR), tendrá mañana un movimiento de público más intenso del usual. Luego de 28 días, los escribanos podrán retirar la información registral (sobre prendas, hipotecas, deudas, embargos) para concretar negocios y solicitar préstamos bancarios.

La Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) activó las medidas sindicales para cobrar un complemento cuatrimestral de $ 3.200, que fue condicionado al cumplimiento de metas de gestión.

Las metas que se acordaron el viernes pasado, se extenderán a toda la estructura de la Dirección de Registros, concentrada básicamente en Montevideo, donde trabajan 300 de los 500 registrales del país. A cambio, los funcionarios cobrarán la partida en una semana, aproximadamente.

Pero la falta de acuerdo sobre los parámetros a lograr y de una fecha de pago, habían desembocado en el conflicto.

El gremio se oponía a la pérdida del beneficio por una falta injustificada, discutía la cantidad de trabajo a cumplir para recibir la bonificación y, según el director general de Secretaría del MEC Pablo Álvarez, incluso el propio monto a cobrar, al querer asociarlo a la tasa registral (porcentaje derivado de la venta de un timbre exigido en cada trámite de la DGR).

El jerarca replicó que la salarización de los montos variables es "innegociable", que así está contemplado en el Presupuesto y recordó que esa política ya se aplica en otras áreas del MEC, como el Registro Civil. Precisamente, los funcionarios de esa oficina están en conflicto desde hace tres meses, en reclamo de un ajuste de $ 1.800 (rebajado a $ 1.000), tras la salarización del valor de los tiques alimentación en el año 2009.

Ahora, los escribanos prevén una normalización rápida de los servicios. Desde la Asociación de Escribanos (AEU) señalaron que como los funcionarios procesaron los datos durante el conflicto, el cuello de botella no sería más significativo que el tiempo de espera en las colas.

Las operaciones estaban frenadas desde el 28 de junio. Así se acumularon 9.000 trámites en la DGR (a razón de 500 por día). Sin documentos que certificar, los escribanos vieron mermar su actividad, igual que las empresas inmobiliarias y las automotoras.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay (CIU) Gabriel Conde, afirmó que unas 20 agencias reportaron un promedio de tres o cuatro negocios parados por tener la firma de los contratos en pleno conflicto. Si esto se repitiera en las 700 inmobiliarias afiliadas a la CIU, habría entre 2.000 y 3.000 operaciones trancadas.

"La cadena de pagos está parada", se quejó Conde. Según el titular de la CIU son varias las empresas que tendrán problemas este mes para abonar salarios y pagar obligaciones.

La baja venta de inmuebles también implica un problema para las arcas de la Dirección General Impositiva (DGI), que en cada operación cobra el Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y el IRPF por incrementos patrimoniales.

El escenario no es más promisorio para las automotoras. El conflicto ha suspendido la venta en promedio de unos 120 automóviles 0 Km por día, unos 3.600 en el mes. "Hay una cantidad de particulares que no han vendido su auto por no haber podido sacar el certificado correspondiente y que a su vez no han podido levantar los 0 km por no contar con el dinero", explicó Jorge West, presidente de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automóviles (Ascoma).

West dijo entender el reclamo de los registrales, pero marcó que "todos los años no puede repetirse lo mismo". En agosto de 2010, la DGR tuvo otro conflicto que duró 24 días y trancó 15.000 trámites.

El fin del conflicto registral llegó sin que se discutieran los descuentos salariales. Los trabajadores son "conscientes" de que habrá sanciones por la distorsión de los servicios pero se defienden argumentando que se cumplía con el trabajo interno. Esa modalidad ya se había practicado en agosto de 2010; al final de ese conflicto, el Ministerio de Educación (MEC) dispuso los descuentos pero nunca se ejecutaron, dijo Daniel Frattin del gremio. El acuerdo fue realizar las quitas sobre las partidas por "metas de gestión" que se pagarán la próxima semana. Pablo Álvarez, director de Secretaría del MEC marcó que se descontará siguiendo la norma vigente. La situación ha generado malestar entre los notarios. "No trabajamos, no podemos cobrar pero los registrales hacen medidas y siguen cobrando igual. Así es comodísimo", se quejó un notario.

500 Funcionarios operan en la Dirección de Registros; más de 300 lo hacen en Montevideo.

3200 Pesos cada cuatro meses, cobrarán los registrales por cumplir metas de gestión.

Bienes inmuebles

Abarca actos y negocios jurídicos como compraventas, hipotecas, promesas de enajenación a plazo, embargos, arrendamiento, etc.

Bienes muebles

Refiere a actos y negocios jurídicos relativos a automotores, aeronaves y a prendas sin desplazamiento de la tenencia de la cosa.

Actos personales

Incluye las interdicciones judiciales, capitulaciones matrimoniales, cesión de derechos hereditarios, actos sobre mandatos y poderes, entre otros.

Personas jurídicas

Afecta al registro de comercio (inscripción de las SRL o las SA, por ejemplo) y el registro y control de asociaciones civiles y fundaciones.

El viernes 22, la Asociación de Funcionarios Registrales del Uruguay (AFRU) y la Dirección General de Registros (DGR) suscribieron un acuerdo para el pago de una partida salarial por cumplimiento de metas de gestión.

El acuerdo fija el pago de $ 3.200 cada cuatro meses. A cambio, los funcionarios se comprometen a entregar los certificados de actos personales en 24 horas, los de propiedad inmobiliaria en 48 horas y el resto de los documentos en siete días hábiles.

Otra exigencia consiste en que cada mes y durante un año, los trabajadores deberán digitalizar un promedio de 1,66% del total de inscripciones antiguas (4.500.000), ajenas a la base de datos.

Si el funcionario tiene una falta injustificada se le descontará de la partida el porcentaje correspondiente a un mes. Si suma dos faltas injustificadas perderá el beneficio.

En realidad, la partida se había pactado en agosto de 2010 tras un conflicto de 24 días en la DGR. En ese momento, se acordó subir de 12% a 15% la parte que recibían los trabajadores de los ingresos de la DGR por la tasa registral (timbre exigido ante cada solicitud de información). El acuerdo planteaba el inicio de la salarización del monto asociado a la tasa registral (volviéndolo un ingreso fijo) y su pago en función de un compromiso de gestión, a resolver. El concepto fue integrado a la ley de Presupuesto.