La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó ayer su preocupación por la sentencia emitida por un juez provisorio de Ecuador contra el periódico El Universo, tres miembros de su junta directiva y el periodista Emilio Palacio.
La sentencia, dada a conocer el 20 de julio, condena a los directivos del diario y al periodista a tres años de prisión por el delito de injurias calumniosas contra una autoridad y a pagar un total de 40 millones de dólares de indemnización en beneficio del Presidente Rafael Correa, desglosados en 30 millones de dólares a cargo de los condenados y otros 10 millones de dólares por parte de la empresa propietaria del medio.
Además, los condenados deberán pagar dos millones de dólares en honorarios profesionales a los abogados del Presidente.
"Para la Relatoría Especial esta decisión es contraria a los estándares regionales en materia de libertad de expresión, y genera un notable efecto intimidatorio y de autocensura que afecta no solo a las personas condenadas, sino a toda la sociedad", afirma la declaración del CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El caso judicial se originó en una columna de opinión publicada por el periodista Emilio Palacio en febrero de 2011, titulada "No a las mentiras". En ella cuestionaba con duros calificativos presuntas decisiones tomadas por el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una revuelta por parte de la Policía.
El primer mandatario rechazó las aseveraciones de Palacio y consideró que se había vulnerado su reputación, por lo que presentó la demanda en marzo pasado.
La Relatoría recordó en su declaración que "los más altos funcionarios públicos no solo tienen la obligación de tener mayor tolerancia frente a las críticas, sino que tienen medios alternativos de enorme eficacia para dar a conocer sus opiniones", aseveró.
Además, la CIDH señaló que la sentencia se convierte en "una grave advertencia que conduce a inhibir a cualquier otra persona o medio de comunicación que tenga opiniones o informaciones que los altos funcionarios puedan considerar ofensivas, lo cual contradice prácticas naturales y necesarias en cualquier democracia".
Por otro lado, el organismo destacó que en caso de quedar firme, implicaría un perjuicio que podría llegar a afectar la existencia del periódico.
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