Proponen chapa diferente para autos exonerados

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A.L.R.

La Intendencia de Montevideo descartó la idea de colocar un sticker a vehículos que son exonerados total o parcialmente de los tributos municipales, por entender que esa imposición podría ser inconstitucional.

La Comisión de Hacienda de la Junta Departamental, que tiene a su cargo las exoneraciones de vehículos e inmuebles (entre otros de embajadas y templos religiosos) estuvo prácticamente un mes sin reunirse porque la Intendencia no llegaba a una resolución al respecto, lo cual hizo que se acumularan decenas de expedientes.

En vista que la idea de imponer la colocación de stickers no prosperó, la bancada de ediles del Movimiento de Participación Popular (MPP) sugirió colocar otro tipo de matrículas en los vehículos que gozan de estos beneficios. La propuesta del MPP comenzará a ser estudiada próximamente en comisión.

El edil oficialista Pablo González dijo a El País que lo que se pretende con estas ideas es "darle mayor control social" a las exoneraciones otorgadas.

Desde el Partido Nacional, el edil Juan Curbelo había advertido que la reglamentación para colocar stickers en bienes exonerados es "absolutamente inconstitucional". "De ninguna manera podemos reglamentar individualizando bienes que están exonerados constitucionalmente", puntualizó el legislador (ver nota aparte). Según supo El País, el informe desaconsejando la inclusión de los stickers fue elaborado por un abogado de Recursos Financieros de la IMM, pero tuvo un pronunciamiento negativo en la División Jurídica.

Nuevamente, ambas divisiones municipales quedaron enfrentadas en sus puntos de vista, como ocurrió durante la discusión del Presupuesto de Montevideo, cuando Recursos Financieros pretendió incluir un artículo para que los complejos habitacionales paguen Contribución, que terminó siendo descartado.

El motivo por el cual el trabajo de la comisión estaba "trancado" en la Junta era un informe de un abogado municipal que señala que la inclusión de stickers en los bienes exonerados -una forma de "control social" que impulsa la propia intendenta Ana Olivera- representa una regulación sobre un derecho constitucional, lo cual excede la potestad de los ediles.