El secretario general del PIT-CNT, Juan Castillo, respaldó el decreto del Poder Ejecutivo que revoca unos 80 casos amparados en la Ley de Caducidad, pero señaló que hay un aspecto que preocupa.
El mismo refiere a que el 1º de noviembre prescriben los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) debido a un fallo de la Suprema Corte de Justicia que los caratuló como homicidios y no como de lesa humanidad.
"Esa es la duda que nos queda: (poder) impedir que llegue el 1º de noviembre con los plazos tan cortos para que la justicia pueda actuar", señaló Castillo.
En ese sentido, el dirigente sindical solicitó encontrar un mecanismo que permita a la Justicia actuar sin plazos. "Seguramente todas las organizaciones sociales en defensa de los Derechos Humanos encontremos una vuelta para que otro acto, también de resolución política, expire el plazo para que la justicia pueda trabajar sin ningún límite".
Castillo, en tanto, reconoció que "es un avance" el decreto firmado ayer por el presidente José Mujica, "porque abre la posibilidad a que la familia directa (de la víctima) acuda a la justicia y ésta pueda investigar sin ataduras".
Pero si bien el decreto le allana el camino al Poder Judicial para abrir investigaciones, el mismo sólo tiene un plazo de cuatro meses para tratar los casos que se presenten ante de que los delitos prescriban.