Avanzan los trabajos para poner en práctica el plan de control ambiental del río Uruguay acordado por nuestro país con la República Argentina, luego de lo resuelto por la Corte Internacional de Justicia en abril del 2010. En junio de aquel año los presidentes de los dos países se pusieron de acuerdo para llevar adelante un plan de vigilancia conjunto para cuidar el ambiente del río, a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Los lineamientos del plan luego fueron desarrollados y precisados en la reunión presidencial de julio del mismo año, en encuentros ministeriales y en las reuniones de la Comisión.
Esta semana se realizarán simulacros de controles ambientales en la planta de producción de celulosa y en la desembocadura del río Gualeguaychú. El propósito, informó el presidente de la delegación uruguaya en CARU, es determinar los instrumentos que puedan estar faltando. En este momento, explicó, se está en la etapa de "completar la infraestructura con la compra de instrumentos y la contratación de laboratorios extranjeros" (que serían canadienses). El costo de instalar el sistema de control ascenderá a dos millones de dólares.
Un plan de monitoreo binacional tan complejo, y con reverberaciones políticas tan importantes, no es una tarea sencilla. Es necesario ponerse de acuerdo no solamente sobre qué medir sino también sobre cómo medirlo. También es cierto que el plan incluye algunos aspectos controversiales.
Sin embargo, es alentador que CARU haya conseguido avanzar en este proceso binacional que contribuirá, aunque sea en alguna medida, a atenuar las secuelas de un prolongado litigio que mucho ha complicado las relaciones entre dos países hermanos.