Horas clave para la Justicia, obligada a mantener incólume a la democracia

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La cantidad de juicios de inconstitucionalidad que llegarán a la Justicia es impredecible ante la declaración de nulidad de la ley de Caducidad. Se aventura un alud de causas nuevas y otras ya cerradas que serán reabiertas.

DANIEL HERRERA LUSSICH

La anulación de la ley de Caducidad aprobada por el Senado y que seguramente pasará sin problemas la etapa de Diputados, ha provocado severa reacción en la ciudadanía, que observa perpleja cómo por una inconstitucional interpretación legislativa se ignora la voluntad popular de sendos plebiscitos.

Desde casi todos los ámbitos de opinión han nacido durísimas críticas. La gente, pacíficamente hace oír su voz de protesta, también desde tiendas políticas opositoras suben de tono e inclusive las reacciones más severas y terminantes nacen desde el propio gobierno. El presidente de la República, José Mujica, exhibió su profunda discrepancia con la decisión (aunque adelantó que no ejercerá el derecho a veto), y durante la sesión parlamentaria hubo pronunciamientos para todos los gustos. Un Saravia convencido y firme no levantó la mano y será expulsado del Frente Amplio, aunque no dejará la banca de senador, otro legislador de peso en el grupo, Fernández Huidobro, votó y simultáneamente anuncio su renuncia y comenzó una seguidilla de epítetos contra la ley interpretativa ("mamarracho"), en tanto un tercero cedió la banca por unas horas, el suplente apoyó la anulación y él sin pronunciarse dejó a medias feliz su conciencia y evitó un seguro choque con los correligionarios. Por otro lado, se rumorea el alejamiento del Ministro de Defensa, unos dicen que por discrepar con la anulación de la Caducidad, otros sostienen que fue una exigencia de los militares en esa reunión de "pipa de la paz" con los tupamaros, tan publicitada, confirmada y desmentida según quién la cuente.

Se está ajustando un mar de impugnaciones y preparando recursos de inconstitucionalidad, realidad que el mismo mandatario Mujica predijo ocurrirán apenas se registró la votación del Senado, alertando sobre el impacto que tendrán sobre la jaqueada Suprema Corte de Justicia.

¿Se confirmará la ola de recursos, citaciones, convocatorias de testigos, todo ese maremoto de enfrentamientos que estiman ocasionará la anulación de la Caducidad?

La mayoría que ha dado opinión se inclina por un embate contra los estrados de la Corte. Juristas, expertos en el tema, explicaban que muchos años han pasado y un buen contingente de posibles reclamantes ha muerto, otros que aspiran a no vivir aprisionados del pasado y quieren olvidar. Pero un conocido jurista, que prefiere por ahora permanecer en el anonimato, no duda que llegarán recursos de familiares de desaparecidos exigiendo indemnizaciones, reclamos de los que esgrimen que fueron torturados en épocas de la dictadura y se suman al reclamo de compensaciones. Y en esa batahola de juicios uno de los fundamentos de nuestro derecho penal, "la cosa juzgada", seguramente será violado, desconocido nuevamente al reabrirse expedientes clausurados hace largos años . Todo planteo ante los estrados de la Corte puede llegar mientras tiembla el Estado de Derecho.

La singular relación entre el Ejecutivo y la Justicia, halagada esta última solo cuando es funcional al gobierno, u objetada en caso contrario. No hay que olvidar las presiones que han sufrido algunos fiscales. Tampoco se debe dejar de reconocer el tembladeral e incertidumbre que soportan muchos frente a la aplicación de criterios diametralmente diferentes de los magistrados ante casos casi similares en materia de justicia penal. Y se suma la absoluta falta de independencia presupuestal el clima de enfrentamiento o de mansa aquiescencia. Esta cruda situación ha llevado a la mayoría de los juristas a impulsar a primer plano la necesidad de un Ministerio Público independiente, fuera de la órbita del Ejecutivo.

En estas mismas páginas de El País, en nota de los periodistas Marcelo Gallardo y Renzo Rossello, el fiscal de Corte, Dr. Rafael Ubiría, se pronunció como firme partidario del Ministerio Público, el que en su opinión sería necesario que pase a tener el mismo rango que la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas.

Ubiría también puso énfasis en que el Ministerio Público, como opinan todos los fiscales y las asambleas de fiscales, debería estar fuera de la órbita del Ejecutivo, o al menos guardar autonomía respecto de cualquier ministerio, como lo ratifican otras opiniones jurídicas.

Nadie discute que es vital en un Estado de Derecho la existencia de tres poderes, claramente independientes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pero hay coincidencia en que no es una tarea nada fácil en la actualidad en nuestro país. "Es prácticamente imposible mantener el equilibrio de poderes cuando un partido controla el Ejecutivo, la mayoría absoluta del Legislativo, la titularidad de varias Intendencias y el manejo de la gran mayoría de los temas de la inteligencia militar y policial y el agregado ocasional de algunos exámenes públicos y ruidosos de la DGI y BPS, que luego quedan a fojas cero y manchan claras reputaciones", razonó un conocido jurista, exlegislador.

En conversación con informantes de distintos sectores sociales y profesionales, recordaban corroborando las a veces frías relaciones, o demasiado condescendientes otras, entre los dos poderes: 1) La inconstitucional ocupación de la Fiscalía de Corte por la Dra. Mirtha Guianze, sin venia del Senado, aun siendo a título provisorio; 2) Las denuncias contra el acoso del ex subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Felipe Michelini, al Fiscal de Corte, Dr. Ubiría, trancándole todos los movimientos del Ministerio Público; 3) Similar acoso desde el mismo Ministerio por parte de la ingeniera Simon al Dr. Ubiría con solicitudes urgentes de información bajo apercibimiento de desacato; 4) Las limitaciones presupuestales a los reclamos del Fiscal de Corte, ignorados por la Ley de Presupuesto; 5) Extraña concentración de las causas contra los militares acusados de violación de los derechos humanos en manos de la fiscal Guianze y otros en manos de la Dra. Ana María Telechea. Se recordaba que ambas viajaron a La Habana al festejo del Cincuentenario de la Revolución Cubana.

En el ambiente político y ciudadano en general se siguen con preocupación esos hechos y otros que atañen directamente al Poder Judicial en su relación con el Ejecutivo. En este sentido se destaca: a) Lo que se consideró una indebida interferencia, protagonizada por el Ministerio del Interior, denunciando a la fiscal Dra. Beatriz Scapusio, por haber pedido el procesamiento de la directora del Centro de Rehabilitación, quien omitió la advertencia que le formuló la Justicia en torno a las amenazas contra un interno, que finalmente resulto asesinado. La denuncia fue desoída, pero la directora resultó procesada sin prisión. B) La Dra. Mariana Motta en uno de los juicios contra los militares violadores de los derechos humanos pulverizó la "presunción de inocencia", que es piedra angular de todo el debido proceso legal y está inserta en los pactos internacionales firmados por la República. Esto motivó la visita de los doctores Jorge Batlle y Gonzalo Aguirre Ramírez, uno expresidente, otro exvicepresidente y notorio constitucionalista, ante la Corte.

Tal es, a grandes rasgos, aspectos que hemos podido reunir y escuchar sobre las idas y venidas de las relaciones del gobierno y la Suprema Corte de Justicia. Y en esta hora tan delicada para el orden institucional, la población ignorada en su voto observa atenta cómo reacciona el máximo órgano judicial -también desatendido a la hora del Presupuesto- ante la dura tarea que tiene y la que deberá enfrentar, como responsable de la incolumidad jurídica del Estado democrático en momentos en que un alud de demandas, a la brevedad, golpeará sus puertas.