Empresarios y Pit-Cnt retomarán debate por cambios en ley laboral

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DIEGO FERREIRA

Empresarios, trabajadores y gobierno definieron una agenda de nueve puntos modificables en la ley de Negociación Colectiva, tal como sugirió la OIT. La aprobación de los cambios depende de un "consenso", improbable en lo previo, entre las partes.

La semana pasada se conformó una comisión tripartita que estudiará la modificación de la polémica ley de Negociación Colectiva, resistida por las cámaras empresariales y defendida por los sindicatos.

El equipo de trabajo se abocará a nueve puntos, básicamente aquellos que fueron objetados por parte del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su informe de marzo de 2010. El documento instó al gobierno a que "en consulta" con trabajadores y empresarios "tome medidas para modificar la ley". El pronunciamiento del comité de OIT fue el resultado de las gestiones y reclamos contra la ley, presentados por la Cámara de Comercio (CNCS) y la Cámara de Industrias (CIU).

El primer punto refiere al "Principio de reserva de la información confidencial de las empresas". Las cámaras cuestionan que la ley de Negociación Colectiva no contempla sanciones para quien incumpla este precepto en el marco de la negociación salarial.

El segundo ítem atañe a la "forma de determinación del nivel de la negociación colectiva", en manos del Consejo Superior Tripartito (órgano de "gobernanza" de la negociación colectiva), lo que es cuestionado por los empleadores.

Otro punto es "la fijación de condiciones de empleo mediante el acuerdo de partes". Los empresarios quieren que la negociación se remita exclusivamente a la definición de mínimos salariales y categorías.

A su vez, la comisión evaluará "la negociación a nivel de la empresa cuando no hay sindicato", "los controles para el registro y publicación del convenio colectivo" y "la vigencia de los convenios" (las cámaras rechazan que el efecto ulterior a su fecha de caducidad asignado por la norma).

El listado divide las aguas entre los actores, más allá de alguna tímida excepción como la equiparación en la integración del Consejo Superior Tripartito. Actualmente ese órgano cuenta con nueve representantes del gobierno, seis de los empresarios y seis de los sindicatos.

En este ámbito, los empresarios volverán a plantear el abordaje de "la prevención y solución de conflictos" -ocupaciones incluidas-, más allá de que ese capítulo fue quitado de la ley de Negociación Colectiva.

Por otra parte, el Pit-Cnt apuntará a promover "la discusión de la cláusula de paz", uno de los pocos puntos de la ley que rebaten los trabajadores.

"El objetivo del sector empleador es hacerse sentir para buscar un mecanismo de cambio en algunos puntos de la ley; el nuestro es que vamos a ratificarla aunque estamos con la cabeza abierta para escuchar", comentó Juan Castillo, coordinador del Pit-Cnt.

Estas diferencias impedirían la concreción de las modificaciones ya que según lo acordado en la comisión, éstas se ejecutarán siempre que haya "consenso". "La idea es no votar", dijo Castillo, quien además integra el equipo de trabajo.

Junto al sindicalista participan Milton Castellano (director del Instituto Cuesta Duarte), los asesores empresariales Juan Mailhos (CNCS) y Gonzalo Irrazábal (CIU), el subsecretario Nelson Loustanau y el asesor Héctor Zapiráin en representación del Ministerio de Trabajo.

La comisión se reunirá los jueves, cada 15 días, para avanzar en la agenda de temas. La próxima sesión está prevista para el martes 15.

En marzo de 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT recomendó al gobierno uruguayo que "en consulta" con las partes, tome medidas para modificar la ley de Negociación Colectiva. La otra sugerencia, referida a las ocupaciones, plantea que la huelga y la ocupación del lugar del trabajo "deben respetar la libertad de trabajo de los no huelguistas, así como el derecho de la dirección de la empresa de penetrar en las instalaciones de la misma". La OIT también desarrolla en su informe una serie de principios sobre los que deberían efectuarse los cambios: la fijación de responsabilidades ante la violación de la confidencialidad de la información empresarial, la igualación del número de integrantes del Consejo Superior Tripartito, el establecimiento del nivel de negociación "por las partes". Asimismo, sugirió que la determinación de las condiciones de empleo salga por "acuerdo entre las partes" y propuso consensuar una solución aceptable por los actores en cuanto a la ulterioridad de los convenios.