Expertos en Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Universidad de Montevideo y Universidad de la Empresa ratificaron ayer en la comisión de Constitución del Senado las observaciones al proyecto de ley interpretativo que intenta dejar sin efecto tres ar- tículos de la ley de Caducidad y advirtieron sobre su eventual inconstitucionalidad.
En tanto, el presidente del Frente Amplio (FA), Jorge Brovetto, encabeza una ronda de consultas y negociación con los diversos sectores de la coalición de izquierda para intentar acordar una postura sobre el tema, dado que el proyecto es rechazado por los senadores Eleuterio Fernández Huidobro (CAP-L), Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) y Jorge Saravia (Espacio 609).
La idea es buscar un proyecto alternativo. Brovetto se reunió ayer con Fernández Huidobro y esta semana también lo hará con el senador Rafael Michelini, quien admitió ayer que la negociación se realiza "con prudencia". Michelini pretende aprobar un proyecto "que tenga todas las manos frenteamplistas" y admitió que en el Parlamento "se evalúa modificar el proyecto en los aspectos jurídicos, no en la esencia de devolver el derecho de Justicia".
En grandes líneas, los expertos universitarios que ayer fueron recibidos por la comisión de Constitución del Senado ratificaron las opiniones expresadas por las cátedras cuando el tema se trató en Diputados. Allí habían concluido que el Legislativo "sustituye" al Poder Judicial y viola la "seguridad jurídica". El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Martín Risso, dijo que no se puede "derogar con efecto retroactivo" la ley de Caducidad, ya que "las normas penales más gravosas para los individuos no pueden tener ese efecto". Risso afirmó que la ley puede "derogarse para futuros casos", pero eso no soluciona los casos ya juzgados.
"Para la retroactividad no hay margen de actuación a nivel parlamentario. Las únicas soluciones son a nivel de la Corte uruguaya o interamericana", afirmó Risso.
El constitucionalista y ex senador del Foro Batllista Ruben Correa Freitas (Universidad de la Empresa) alertó que "el proyecto tiene graves visos de inconstitucionalidad y es aconsejable que no sea aprobado".
Correa Freitas dijo que no es un proyecto interpretativo porque busca anular la ley, "potestad que no tiene el Poder Legislativo en Uruguay". El órgano competente para declarar la inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia, explicó. El Poder Legislativo solo puede "aprobar o derogar leyes".