Jorge Grunberg
A pesar de la inédita bonanza económica, la sociedad uruguaya está preocupada. Una de las fuentes de preocupación es la desigualdad en la distribución de la riqueza que se está generando en nuestro país. Esta preocupación es legítima. La experiencia internacional muestra que altos niveles de desigualdad son impedimentos para el desarrollo de una economía moderna así como para la estabilidad política y social. Los indicadores relevantes (en especial el coeficiente de Gini), muestran a nuestro país en una posición internacional poco favorable (fuera de América Latina) y que no ha mejorado a pesar del crecimiento económico y de la acción de sucesivos gobiernos.
En este momento la dirigencia política de nuestro país discute nuevos cambios tributarios y quizás de política económica para "redistribuir la riqueza". En mi opinión es poco probable que acciones como las que se proponen, que al igual que las de los últimos años se basan en transferencias más o menos directas de los que tienen mayores ingresos a los que tienen menos, sean efectivas en el largo plazo. El problema deriva de una incomprensión sobre las causas de la desigualdad en el siglo XXI. Desde fines del siglo pasado la globalización y el progreso tecnológico han creado una demanda cada vez mayor por el conocimiento y el talento. Esto ha llevado en el mundo entero a una brecha creciente entre los ingresos de las personas altamente educadas (no solo como asalariados sino en especial como emprendedores) y el resto de la fuerza laboral.
Por esta razón las transferencias directas de recursos tienen rápidamente rendimientos decrecientes, una vez que se ayuda a los más pobres y desvalidos a satisfacer sus necesidades básicas, el resto del gasto no se traduce en mejoras sostenibles en el ingreso ya que sin una educación adecuada en cantidad y calidad el ciudadano no puede mejorar por sí mismo en forma sostenible su ingreso.
El verdadero desafío no es mejorar el ingreso de las personas sino su capacidad para generar ingresos. Estos son dos conceptos muy distintos. Un ingeniero de sistemas que fue despedido tiene una carencia de ingreso seguramente temporal pero una alta capacidad para generarlo. Una persona que no terminó la secundaria y no maneja bien el español ni mucho menos una segunda lengua y recibe una asistencia financiera directa con fondos públicos tiene un ingreso coyuntural pero una dependencia que se agravará cada vez más con el tiempo, ya que las economías modernas requerirán cada vez más aplicaciones tecnológicas que a su vez requerirán personal cada vez más capacitado.
En este marco, las únicas políticas efectivas para alcanzar una redistribución sostenible y efectiva de la riqueza, son aquellas que permitan mejorar la capacidad de las personas de generar ingreso. Brasil es un interesante ejemplo ya que logró mejorar su desigualdad (su coeficiente de Gini se redujo en 5 puntos desde 2000), pero no aumentó su carga impositiva sobre los más ricos sino que utilizó transferencias "condicionadas" de recursos por las cuales las personas que reciben recursos públicos deben cumplir con ciertas obligaciones, como mantener a sus hijos asistiendo a la escuela (algo que fue mencionado pero no aplicado en nuestro país en donde los deberes ciudadanos no parecen tener el mismo peso moral que los derechos).
El primer objetivo para nuestro país si queremos reducir la desigualdad debe ser mejorar nuestros sistemas educativos secundario y universitario. Sobre la educación secundaria existe abundante evidencia nacional e internacional sobre sus deficiencias y existe un consenso sobre la necesidad de mejorarla (menos claro es que existan ideas claras sobre las soluciones posibles y voluntad política para afrontar los costos para aplicarlas). Lamentablemente todavía no existe la misma sinceridad sobre los problemas de nuestro sistema universitario que tiene deficiencias de equidad, cobertura y calidad tanto o más graves que el secundario. Aún un gran esfuerzo nacional que mejore el sistema secundario no tendrá un impacto apreciable si no mejoramos nuestro sistema universitario haciéndolo más accesible económica y geográficamente y más vinculado al sistema productivo.
La capacidad para generar ingreso no depende solamente de la cantidad de educación que puedan obtener los ciudadanos sino también de su oportunidad para aplicarla productivamente. Muchos países han tenido la amarga experiencia de invertir grandes recursos en formar ciudadanos, pero sin modernizar paralelamente su economía haciéndola más competitiva, tecnificada y abierta al mundo. Si la economía no genera oportunidades para las personas de alta formación terminan emigrando en busca de oportunidades con lo cual se crea un verdadero "subsidio" de los países más pobres con economías más primitivas hacia los más ricos y con economías más sofisticadas. En definitiva, es importante apuntar a mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país, pero deberíamos examinar las opciones de política pública en busca de mejorar la capacidad de generar ingreso y oportunidades y no el ingreso en sí mismo.
"El verdadero desafío no es mejorar el ingreso de las personas sino su capacidad para generar ingresos".