DANIEL ISGLEAS
La Administración Central gastó en 2010, sin ajustarse a las normas constitucionales y legales vigentes, más de $ 268 millones de fondos públicos por vía de la reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas.
Son US$ 13,5 millones al cambio actual invertidos en distintos rubros por casi todos los ministerios y la Presidencia.
El mecanismo aplicado es la reiteración de gastos observados por distintas ilegalidades por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR), y que los jerarcas de los respectivos organismos, en su condición de ordenadores primarios de gastos, vuelven a hacer aún sin levantar las observaciones que originalmente hizo en cada caso el organismo de contralor.
La información consta en decenas de resoluciones del Tribunal que han sido tomadas en el segundo semestre del año que finalizó y donde se discriminan los ministerios que incurrieron en esta irregularidad y la Presidencia.
La situación fue detectada por los contadores delegados del TCR en los distintos organismos, lo cual es parte de su tarea habitual.
Violaciones a las normas de la Constitución, al Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), a decretos del mismo Poder Ejecutivo y observaciones por no existir norma legal habilitante para determinados gastos, forman parte de las objeciones hechas por el organismo de contralor.
El 15 de diciembre pasado el TCR emitió una resolución sobre los gastos del Ministerio de Defensa Nacional en la que hizo notar que a lo largo del año 2010, la cartera reiteró gastos sin fundamentos en 92 ocasiones y por un total de $ 215 millones, es decir US$ 10,8 millones.
Los gastos fueron reiterados sin fundamento que levantara las observaciones originales, según establece la referida resolución del TCR.
Estos argumentos son los mismos que se han aplicado para el resto de los organismos de la Administración Central.
El Tribunal recuerda que la ley 17.296 establece que los ordenadores de gastos o pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les confiere el artículo 211 de la Constitución "deberán hacerlo en forma fundada, detallando los motivos que a su juicio justifican seguir el curso del gasto o pago", extremo que no se ha cumplido en todos estos casos.
PRESIDENCIA. En el caso de la Presidencia de la República, el TCR observó y objetó la reiteración de 14 gastos por un total de $ 3.859.000 a lo largo del año 2010.
Otros ministerios con abultada reiteración de gastos contraviniendo las normas legales son las carteras de Desarrollo Social (Mides) y de Trabajo y Seguridad Social.
En el Mides, por ejemplo, en 2010 se objetaron 117 gastos o pagos por un total de $ 24.072.000, es decir unos US$ 1,3 millones.
En el área de Trabajo y Seguridad Social, el TCR detectó la reiteración de un total de 143 gastos irregulares por un monto de $ 6.141.000.
En el Ministerio de Economía y Finanzas, hubo en 2010 un total de 14 gastos o pagos reiterados en estas mismas condiciones por un total de $ 5.511.000, mientras que en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se resolvió reiterar gastos objetados por el TCR en 93 ocasiones a lo largo del año pasado por un monto de $ 5.092.000.
La de Relaciones Exteriores fue una cartera que tuvo escasos problemas en este sentido, con apenas un gasto o pago reiterado sin levantar las observaciones del TCR por $ 243.000.
Transporte y Obras Públicas fue, en 2010, otra cartera con pocos gastos o pagos reiterados irregularmente por una abultada suma. Fue en seis ocasiones por un monto de $ 3.860.000.
El Ministerio del Interior tuvo a lo largo del año finalizado un total de 24 reiteraciones de gastos o pagos contraviniendo las normas del TCR por un monto global de $ 2.850.000, y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma) tuvo una sola pero por un monto de $ 2.318.000.
SIN ÉXITO. De acuerdo con la Constitución, cuando el Tribunal de Cuentas mantiene las observaciones a gastos, deberá comunicarlo a la Asamblea General.
Anualmente, el organismo informa sobre miles de observaciones por gastos irregulares de distinta naturaleza de los organismos de todo el Estado, pero en ningún caso la Asamblea General toma en consideración esos fallos.
Una auditoría por organismo
La Auditoría Interna de la Nación (AIN) propuso construir un sistema interno de auditoría en la administración central del Estado.
De acuerdo con un proyecto publicado en el sitio web de la AIN, esta iniciativa supone contar en cada organismo con una nueva estructura conformada por un director ejecutivo y un equipo de auditores, todos ellos bajo la dependencia jerárquica del responsable máximo del organismo.
Según la idea, estas unidades serán responsables de ejercer la función de auditoria interna, con la finalidad de velar, promover y agregar valor a la gestión eficaz, eficiente, trasparente y ajustada a las normas jurídicas por parte del Inciso y del Estado en general.
Las unidades auditoras y las personas que integren las mismas ejercerán sus funciones con independencia técnica respecto del Inciso y sus jerarcas. No deberán participar en la definición y ejecución de los procesos de gestión de los cometidos a cargo del Inciso, aclara la iniciativa.
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