Expertos cuestionan ley de asociación público-privada

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SEBASTIÁN CABRERA

El proyecto de asociación público-privada recibió ayer fuertes observaciones de expertos de derecho administrativo: hay inconstitucionalidades y se permite al gobierno elegir "a dedo" con quién asociarse, lo que "se presta a la corrupción".

Con la participación del catedrático de derecho administrativo Carlos Delpiazzo y del ex catedrático Juan Pablo Cajarvi-lle, la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados inició ayer el estudio del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea un marco regulatorio para el régimen de contratos de Participación Público-Privada (PPP) para obras de infraestructura.

Más allá de las observaciones planteadas sobre todo por Cajarville, diputados oficialistas y de la oposición dan casi como un hecho que el proyecto de ley recibirá modificaciones en su tratamiento parlamentario, que seguirá en febrero y ocupará el primer semestre del año.

En el oficialismo, el Partido Comunista rechaza el proyecto tal como ha sido redactado. Socialistas y el MPP plantearán cambios (ver aparte).

Cajarville dijo a los legisladores que la ley "es confusa" y que tiene muchos defectos de redacción. Cuestionó en particular varios artículos del capítulo tercero del proyecto, donde se establece el procedimiento de contratación.

Una de las observaciones "graves" se refiere al artículo 18, que establece que para llevar adelante una PPP se necesita la aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El experto dijo a El País que a la OPP y al MEF se les otorga así un "poder de veto sobre la posibilidad de que otros organismos celebren contratos".

Explicó que la disposición está muy mal redactada: "Si lo que se establece allí es que la OPP y el MEF pueden vetar a los entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales (la posibilidad de celebrar contratos público privados) sería absolutamente inconstitucional porque esos organismos no pueden tener ese poder", indicó.

CORRUPCIÓN. Cajarville también fue duro con el artículo 20, que fija un procedimiento de "diálogo competitivo" con los postulantes que, "habiéndose presentado al llamado público y cumplido los requisitos de solvencia técnica y económica establecidos, hayan sido seleccionados".

Así, la redacción de los pliegos de condiciones se fijaría en un procedimiento de deliberación con los eventuales oferentes. "El diálogo competitivo puede ser beneficioso, pero está tan confusamente redactado que permite a la administración elegir con el dedo quién puede participar y quién no, aunque todos reúnan las condiciones necesarias. Esto se presta a arbitrariedades y, peor, a corrupción", aseguró Cajarville.

El diputado blanco Jorge Gandini acotó que "hecho por personas sanas puede ser bueno, pero hecho con un poco de maldad se legaliza el tráfico de influencias".

Respecto a los artículos 48 y 49 que permiten a la administración modificar en forma unilateral los contratos, el experto indicó que "es un tema muy discutido" pero en este caso "otra vez la confusión en la redacción no deja nada claro".

Cajarville y Delpiazzo coincidieron en cuestionar la derogación del actual régimen de contratación por iniciativa privada. Cajarville dijo que se lo sustituye por "un sistema que solo es aplicable a estos contratos de participación público privada" para obras de infraestructuras. El actual régimen "se ha usado bien" pero no se podrá aplicar y "no hay ninguna razón que lo justifique".

Delpiazzo, en tanto, dijo que está a favor de que exista una regulación sobre las asociaciones de públicos y privados, pero opinó que debería exceder a las obras de infraestructura. También marcó cuestionamientos: puso reparos a la modificación de los contratos y dijo que la ley es imprecisa en la "distribución de riesgos entre el Estado y los privados".

Según dijeron participantes en la reunión, Delpiazzo y Cajarville indicaron que el nuevo régimen "implica una huida del derecho administrativo, es decir, operar bajo derecho privado para evitar controles".

Antes de escuchar a los catedráticos, el Partido Socialista ya tenía decidido plantear al FA la necesidad de modificar la ley y formó un grupo de trabajo. "Hay que precisar qué obras de infraestructura se incluirán. Hay que mejorar los controles de los contratos y especificar el rol del Parlamento", dijo a El País el diputado socialista Gustavo Bernini.

Su par del MPP Alejandro Sánchez indicó que su sector apoya la iniciativa del gobierno como "una herramienta útil" para encarar las inversiones. Pero dijo que la bancada del MPP considera que debe mejorarse la redacción, "precisando qué se entiende por infraestructura y servicios conexos" para que la ley no sea demasiado abarcativa. El Partido Comunista, en tanto, adelantó su rechazo a la iniciativa.

"Hay observaciones a la mitad de los artículos del proyecto", dijo a El País el diputado del Partido Independiente Iván Posada, en relación a los cuestionamientos de expertos. El diputado blanco Pablo Abdala fue más duro: "Hoy asistimos a la descomposición del proyecto. Por su propia inconsistencia, se desintegra y así no se puede votar. (Juan Pablo) Cajarvi-lle desguazó el proyecto. Marcó desde desprolijidades importantes de redacción, como confundir contratistas con contratantes, hasta objeciones de fondo".