Desalojo de ocupaciones es constitucional para expertos

La firma del presidente José Mujica al decreto que permite desalojar las ocupaciones a edificios públicos, motivó la reacción de empresarios y obreros.

Los primeros vieron con buenos ojos la norma, pero pidieron que se extienda al sector privado. En tanto, los segundos manifestaron su rechazo porque entienden que es inconstitucional. Así lo dijo el dirigente del Pit-Cnt Gustavo Signorele (ver nota relacionada).

EL PAÍS digital consultó a expertos en Derecho Constitucional, quienes coincidieron en que en el decreto no hay elementos que violen la Constitución de la República.

En su artículo 57, la máxima ley enuncia: "Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad". Es decir, en ningún momento habla de ocupación.

"La ocupación no es un derecho gremial; viola la propiedad pública y la privada. En el caso de la primera están en juego los derechos de toda la sociedad, bienes del Estado; en el segundo está en juego el derecho de propiedad", explicó el abogado Ruben Correa Freitas, quien dirigió la Oficina Nacional del Servicio Civil durante la segunda Presidencia de Julio María Sanguinetti (Partido Colorado).

El experto sostuvo que el decreto firmado ayer por Mujica "no desconoce el derecho de huelga de ninguna manera", porque esa medida de lucha y la ocupación "son cosas distintas", señaló. "Es absolutamente legítimo lo que ha hecho el Poder Ejecutivo con este decreto (…) Es su deber conservar el orden y la tranquilidad, en función de lo dispuesto en el artículo 168, ordinal 1º, de la Constitución".

En sintonía con lo expresado por Correa Freitas, habló el abogado y ex senador por el Partido Socialista (Frente Amplio), José Korzeniak. "Constitucionalmente no hay ningún problema en que se disponga la desocupación de lugares públicos, que no es lo mismo que de uso público (una plaza, por ejemplo). Es como si entraran a mi casa: yo tengo derecho a decirle que se vaya", indicó.

Korzeniak añadió que el decreto "no tiene la menor inconstitucional" y comentó: "En Uruguay, decir que las cosas son inconstitucionales es un vicio: unos lo hacen por interés y otros porque cuando les duele la rodilla también dicen que es inconstitucional".

"Quien crea que (el decreto) es inconstitucional, en lugar de hablar, tiene que ir a la Suprema Corte y plantearla. Me animo a decir que va a perder", aseveró.

Entre la semana pasada y la corriente, diferentes sindicatos ocuparon la Suprema Corte de Justicia, la Fiscalía de Corte y la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, lo que motivó la creación del decreto en cuestión.

"Esto lleva a un desborde institucional, que el Ejecutivo tenía que regular y ponerle fin. Porque mañana también se les puede ocurrir ocupar la Presidencia de la República o el Palacio Legislativo", sostuvo Correa Freitas.