Jueza rechazó excarcelación de Peirano

Defensa afirma que así se "desconoce" el dictamen de ONU

La jueza penal Mariana Mota rechazó el pedido de excarcelación que había presentado el pasado 18 de noviembre la defensa del ex banquero Juan Peirano Basso, quien está en prisión por el delito de "insolvencia societaria fraudulenta" tras haber sido extraditado desde Estados Unidos en 2008.

El pedido de libertad tenía como fundamento un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que condenó al Estado uruguayo por violar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de ONU, a raíz de la demora en el juicio y la extensa prisión preventiva de Peirano Basso.

Sin embargo, la jueza Mota y la fiscal Raquel González, entendieron que la resolución de ONU no obliga a otorgar la libertad al ex banquero. De hecho, la magistrada sostuvo en la resolución que a criterio de la defensa la única vía posible es la liberación de Peirano Basso, "cosa que el Comité (de Derechos Humanos de la ONU) no establece".

De todos modos, la jueza admitió que el proceso judicial en torno al ex banquero se está tramitando de forma lenta, pero señaló que eso es producto de que se trata de una causa "voluminosa y compleja" y por ese motivo, a criterio de Mota, Peirano Basso no está sufriendo un "prisión indebida".

La decisión de la jueza será apelada la semana próxima por el abogado Daniel Sellanes, quien patrocina al ex banquero en el proceso penal que se sigue en Uruguay.

Por su parte, el abogado argentino Carlos De Casas, quien representa a Peirano Basso ante la ONU, dijo a El País que "sin duda" la resolución de Mota es un paso más para que el organismo internacional termine condenando en forma definitiva a Uruguay. La decisión de rechazar el pedido de excarcelación "es negar lo que dice el Comité de Derechos Humanos de la ONU", señaló De Casas.

El abogado cuestionó que la jueza, para fundamentar su decisión, argumenta que el dictamen de la ONU hace referencia al Estado pero no al Poder Judicial, "cuando en realidad es la Justicia la única que puede dar una solución a este tema", expresó De Casas.

El Estado tiene un plazo de 180 días para tomar una decisión ante la observación formulada por la ONU.

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