El Colegio de Abogados del Uruguay (CAU) iniciará gestiones ante el gobierno para retrasar el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes en el Fondo Nacional Salud (Fonasa) previsto para el próximo 1° de enero, al considerar que la norma tiene varios aspectos inconstitucionales.
El presidente del CAU, Jorge Abramo, dijo que la gremial iniciará gestiones a nivel del Poder Ejecutivo y también en la órbita parlamentaria para "mejorar la legislación y evitar que se complique la situación con el planteo de juicios". En tal sentido, una comisión creada en el CAU para analizar el tema, concluyó que el ingreso de los prestadores de servicios personales independientes al Fonasa presenta "serios y graves" visos de inconstitucionalidad, señaló Abramo a El País.
A partir del 1° de enero, unos 100.000 prestadores de servicios personales se integrarán al Sistema de Salud. De ese total, la mitad son profesionales universitarios, de acuerdo con cifras del CAU.
La incorporación de estos trabajadores al Fonasa se hará mediante un descuento en base al total de la facturación, mientras que en el caso de quienes combinan capital y prestación de servicios, se realizará un aporte sobre una base ficta de 6,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC).
La abogada tributarista Alicia Seijas, quien integra la comisión del CAU que evaluó la integración al Fonasa, dijo que la modalidad de ingreso al sistema deja "varios flancos abiertos para presentar acciones de inconstitucionalidad".
Seijas indicó a El País que como el descuento para la cobertura de salud se hará en función de la capacidad contributiva, "lo que se está haciendo es aplicar un nuevo impuesto", cuestionó la abogada.
"Si el resto de los beneficiarios del Fonasa pagan una contribución, ¿por qué nosotros vamos a pagar un impuesto?", se preguntó Seijas.