Rescate de pescadores ilegales en barra de chuy

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RENZO ROSSELLO

El tiempo les jugó una mala pasada. Un buque pesquero de bandera brasileña terminó encallado a unos 60 metros de la costa uruguaya. Se presume que pescaban ilegalmente y por poco lo pagan con sus vidas.

Los nueve tripulantes del pesquero artesanal Haissa F se encuentran a salvo. Pero lo cierto es que vivieron una peripecia en alta mar cuando durante la madrugada comenzó a desmejorar el tiempo. La pesadilla terminó cuando sobre las 8 de la mañana pudieron abandonar la nave, asistidos por efectivos de la Sub Prefectura Naval del Chuy. Dos de ellos habían logrado salir por sus propios medios cuando advirtieron el peligro, pero los siete restantes debieron ser rescatados en un gomón de la fuerza naval.

El Haissa F quedó varado a unos 60 metros de la línea costera y a unos cinco kilómetros afuera del límite lateral de las aguas jurisdiccionales brasileñas. La embarcación hacía su curso cuando, aparentemente debido a las fuertes corrientes, fue desviada de su rumbo y empujada hacia la costa donde terminó, literalmente, chocando con un banco de arena. En ese momento había olas de hasta dos metros de altura.

Debido a la emergencia y a la clara situación de peligro los efectivos navales no pudieron abordar el buque, tal como establece el protocolo marítimo cuando se avista una embarcación en presunta infracción a la Ley de Pesca. Se ignora, por tanto, qué cantidad de pescado ilegalmente capturado pueden contener las bodegas del buque artesanal. No obstante, según confiaron a El País fuentes navales consultadas, así como algunos habitantes de la zona contactados, es un hecho que la nave pescaba ilegalmente.

"Lo primero para nosotros es auxiliar en la situación humanitaria, después se verá con la investigación qué ocurrió allí y si hubo o no pesca ilegal", confió una fuente naval.

Pero la peripecia del Haissa F no hizo otra cosa que revelar un problema sostenido en esa zona del país: la captura ilegal de los recursos acuáticos nacionales por parte de decenas y decenas de embarcaciones piratas que operan en la zona.

PARADIGMÁTICO. Los nueve tripulantes del Haissa F fueron llevados, como primera medida, a revisión médica.

Luego que su estado de salud fue chequeado, los oficiales de la Prefectura Naval de La Paloma comenzaron a indagarlos bajo la supervisión del juez letrado del Chuy.

"Esto corresponde a la apertura del sumario marítimo que tendrá como primer objetivo la investigación del accidente, y en el transcurso de la investigación se tratará de probar que efectivamente hayan estado haciendo pesca ilegal en aguas territoriales uruguayas", señalaron las fuentes navales.

Por la vía judicial se dio cuenta, a su vez, al consulado brasileño en la ciudad de Chuy. "Dado que los tripulantes están en calidad de indocumentados, el consulado debe hacerse cargo", señalaron las fuentes.

Sin embargo, la ley pesquera uruguaya no prevé que el acto de captura ilegal configure un delito. De hecho, cuando se llega a probar la falta las disposiciones establecen que la autoridad marítima se incautará de las artes de pesca, de la captura y sancionará con una multa al propietario de la embarcación, que nunca excederá al 50% del valor de la embarcación (ver nota aparte).

En este caso la comprobación de un acto de pesca ilegal por parte del buque brasileño tiene dificultades agregadas, explicaron los informantes. En el momento del incidente, el buque Haissa F se encontraba a unos cinco kilómetros del límite lateral con Brasil. "Es muy difícil saber si debido al mal tiempo la embarcación no estaba, en realidad, pescando en aguas brasileñas aunque todos los indicios digan lo contrario", explicaron las fuentes.

El Haissa F es una embarcación de madera por lo que se teme que haya resultado severamente dañada y que su recuperación sea difícil. "Ni siquiera se sabe si cuenta con el combustible suficiente como para reemprender el curso", indicaron los informantes.

La tripulación, en tanto, podrá regresar a su país una vez que concluyan los trámites en la órbita judicial, ya que nada obliga a retenerlos.

45.000 dólares es la multa máxima que pagó una de las tres embarcaciones apresadas este año en la jurisdicción de La Paloma.

15 es la cantidad de buques que llegan a agruparse para pescar en forma ilegal en aguas uruguayas, según avistamientos navales.

Cada semana hay al menos tres avistamientos de embarcaciones pesqueras de bandera extranjera que realizan pesca ilegal. Según informó el titular de la Prefectura de La Paloma, el capitán de fragata Caryl Borderre, en su jurisdicción es casi una constante la presencia de estas embarcaciones que en muchos casos son perseguidas y, en ocasiones, con riesgo de vida para los propios efectivos navales.

En ocasiones la fuerza naval ha llegado a avistar hasta 15 embarcaciones juntas pescando en una misma zona. Navegan de noche y suelen eludir los radares.

En lo que va de 2010 la fuerza de Policía Marítima ha apresado y conducido a la costa a tres embarcaciones pesqueras a las que, efectivamente, se les comprobó la pesca ilegal. En dos de estos casos la Justicia dictaminó multas de US$ 40.000, en un caso, y de US$ 45.000, en otro.

La limitante para establecer el monto de la multa es el valor de las embarcaciones. Promedialmente, estas naves están valuadas entre US$ 100 mil y US$ 120 mil.

Durante los interrogatorios a los que fueron sometidos los tripulantes y patrones de estas embarcaciones, algunos de ellos reconocieron que la pesca en aguas uruguayas ofrece varias ventajas. La más importante, señalaron las fuentes navales, es que la fauna está menos depredada que en aguas brasileñas. Dado el enorme volumen de la pesca en el país vecino, los pescadores norteños se ven tentados a pasar clandestinamente a aguas territoriales uruguayas.

De acuerdo con la experiencia de los investigadores navales, los pesqueros pertenecen a un puñado de empresas del país vecino. Se ha llegado a esta conclusión debido a que suelen ser casi siempre los mismos representantes legales y apoderados de empresas que se presentan ante las autoridades cuando son apresados.

La pesca ilegal no es considerada como un delito, aunque sí como una falta grave que se sanciona con multa. Rige la Ley N° 13.833, del 29 de diciembre de 1969.

El Artículo 34 de la mencionada ley establece: "Los buques de matrícula extranjera que sin la debida habilitación pescaren o cazaren en las zonas marítimas establecidas (...), serán conducidos a puerto y se les aplicará a sus propietarios o armadores una multa que graduará el Poder Ejecutivo dentro de un mínimo y un máximo que establecerá anualmente y no podrá exceder el cincuenta por ciento del valor del barco y la carga; la multa podrá ser impuesta en moneda nacional o extranjera, decretándose sin más trámite el comiso de las artes de pesca y de productos de la pesca o caza en transgresión".

El mismo artículo establece que la falta de pago de la multa dará lugar a la retención del barco hasta tanto dure la mora, de pasar los 90 días la embarcación será decomisada. Lo mismo ocurrirá en caso de reincidencia.

Un proyecto de ley remitido el año pasado y a consideración de la presente legislatura plantea un nuevo ordenamiento legal para la pesca. La "Ley de Pesca Responsable y Fomento de la Acuicultura" confiere mayores atribuciones a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) como organismo fiscalizador, asistido por la Prefectura Nacional Naval en carácter de fuerza pública o policía marítima. Dinara tendrá además la facultad de abordar embarcaciones pesqueras y efectuar inspecciones de las instalaciones y la carga en bodegas.

En el capítulo dedicado a las sanciones a la normativa establece una escala de infracciones muy graves, graves o leves. La aplicación de las sanciones es, también, de carácter económico y sus montos llegan hasta las 6.000 Unidades Reajustables. Al igual que en la normativa todavía vigente, establece el decomiso de la embarcación y las artes de pesca para aquellos que incumplan con el pago de las multas o los reincidentes.