En cada campaña electoral, en cada debate político, siempre se suele escuchar lo mismo. Por un lado las propuestas para ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad. En el otro extremo, las medidas para fomentar la inversión y apoyar a las grandes empresas. Pero en esos discursos siempre hay un grupo social que queda al margen, la sacrificada clase media.
Es ahí que se siente más duramente el peso impositivo del Estado, (para el IRPF son casi ricos), es ahí que se siente el impacto de los problemas educativos, de inserción laboral (no hay Panes que valga), y de las trabas burocráticas para el que quiere empezar una empresa o lanzar un negocio.
El informe que presenta esta edición de El País sobre la fuerte emigración de profesionales de la medicina, es sólo una pequeña muestra de las consecuencias de esa orfandad, cuando no ensañamiento político, en que vive un sector vital de la sociedad. No son sólo los jóvenes médicos y enfermeros los que emigran, sino que el fenómeno abarca desde controladores aéreos, hasta técnicos en informática.
Todo un capital enorme de gente, y de recursos públicos invertidos en su educación, que va a aportar al crecimiento de otras sociedades, porque en Uruguay no encuentran el espacio donde crecer y desarrollarse de manera razonable.
El país necesita con urgencia detener este "robo de cerebros", y no será una tarea fácil. Las diferencias salariales y de condiciones de trabajo en esa franja que ocupan jóvenes profesionales y técnicos son abismales. La primera medida debería ser reconocer la importancia de ese sector, que no tiene sindicatos ni corporaciones que lo defiendan, pero que es fundamental para la estabilidad e integración de una sociedad moderna.