Sin acuerdo con COFE; se rechaza paz laboral

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PABLO MELGAR

En una negociación de último momento el gobierno intentó conseguir tres años de "paz laboral" con COFE. A cambio ofreció partidas fijas por presentismo. El gremio no concedió la paz, aceptó las partidas y no hubo acuerdo ayer.

La tensión entre el gobierno y los funcionarios de la Administración Central va en aumento cuando quedan pocas horas para que ingrese el proyecto de presupuesto quinquenal. Anoche las más altas autoridades de gobierno negociaban a contrarreloj con COFE para alcanzar un acuerdo salarial.

El gobierno propuso a COFE tres años de "paz laboral" a cambio de partidas fijas por presentismo. El sindicato rechazó un acuerdo que les impida movilizarse pero aceptó las partidas por presentismo.

Los dirigentes de COFE entienden que las reestructuras en los ministerios de Vivienda, Salud Pública e Industria y Energía, previstas para 2011, determinará cambios en las escalas salariales de los funcionarios. Por ello consideran que no pueden comprometerse a tres años de "paz laboral" como plantea el gobierno.

El sábado 28 por la tarde el director de macroeconomía del Ministerio de Economía y Finanzas, Andrés Masoller, llamó al presidente de COFE, Pablo Cabrera, para ofrecerle una partida fija por presentismo de entre $ 500 y $ 700 mensuales. Masoller, que habló en nombre del gobierno, agregó que el ofrecimiento era a cambio de que por tres años no se produjeran choques con el sindicato de la Administración Central.

El gobierno señaló que dispone de entre 6 y 7 millones de dólares para las partidas presentismo. Para controlar la presencia de los funcionarios se implementará en todas las oficinas públicas un software denominado Sistema de Gestión Humana (SGH).

La oferta del gobierno mantiene el piso salarial de $ 14.427 por 40 horas de trabajo semanales lo que es rechazado de plano por los trabajadores.

El planteo oficial venía con vencimiento. Las autoridades aguardarían hasta las 17.00 de ayer para conocer la posición del sindicato.

Al mediodía de ayer se reunió de urgencia la asamblea de delegados de COFE en la sede central para analizar la propuesta del gobierno. Tras más de cuatro horas de discusión, la asamblea resolvió rechazar el condicionamiento planteado por Masoller y aceptar la partida por presentismo.

Sobre las 16.45 de ayer los dirigentes de Cofe volvieron a comunicarse con Masoller para plantearle la contrapropuesta. Aceptan los $ 700 para cada trabajador de la Administración Central a partir del 1º de enero de 2011 más allá de que esté instalado o no el SGH.

En el documento remitido al gobierno aceptan que el salario mínimo de ingreso a la función pública sea de $ 14.427 y omiten mencionar la cantidad de horas de trabajo. A esto le agregan que la diferencia salarial entre grados sea de 6,5%.

Además, reclaman extender todas las becas y pasantías hasta el 31 de marzo de 2011. Proponen retomar las negociaciones con respecto a la Rendición de Cuentas y evaluación de las tres reestructuras ministeriales a partir de abril de 2011.

Masoller manifestó a los dirigentes de COFE que no acepta el ofrecimiento. A partir de allí se produjo un intercambio de llamadas al más alto nivel.

Luego que el funcionario de Economía no aceptó el planteo la dirigencia de COFE pidió auxilio al coordinador del Pit-Cnt, Juan Castillo, para que realizara contactos al más alto nivel del Poder Ejecutivo a fin de alcanzar un punto de acuerdo.

Algunas fuentes sindicales y de gobierno confirmaron que en las conversaciones participaron el presidente José Mujica y los ministros Fernando Lorenzo (Economía y Finanzas) y Eduardo Brenta (Trabajo y Seguridad Social).

El jueves 26 una delegación de funcionarios estatales y municipales fue recibida por el presidente José Mujica en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. Allí el primer mandatario escuchó los planteos de los dirigentes quienes básicamente reclamaron que el salario de ingreso a la función pública sea de $ 14.427 por 30 horas de trabajo. El presidente les consultó sobre la posibilidad de generar partidas fijas a lo que los sindicalistas dieron su visto bueno.

Mujica se comprometió a facilitar las conversaciones con los negociadores del gobierno que en ese momento estaban trancadas. Al otro día en la mesa de negociación los negociadores del gobierno cuestionaron a los sindicalistas por la entrevista con Mujica y otra vez el acuerdo quedó en nada.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) convocó para hoy martes 31 una asamblea en la sede del Ministerio de Economía.

Los dirigentes se apresuraron a aclarar que no se trata de una ocupación, aunque tienen claro que distorsionará la actividad del Ministerio. "Los trabajadores tenemos derecho a reunirnos en nuestros lugares de trabajo", dijo a El País uno de los principales dirigentes de COFE.

La idea de la dirigencia de COFE es evaluar los alcances de las negociaciones con el gobierno que se desarrollaron ayer y demostrar que están dispuestos a tomar medidas "en serio". Se trata de una medida previa a una cadena de movilizaciones que se desarrollará durante los tres meses en que se discutirá el presupuesto en el Parlamento. La primera de ellas será hoy a la hora 17 frente al Palacio Legislativo, en el día que vence el plazo constitucional para la presentación del proyecto.

En términos estratégicos los negociadores de COFE manejan que el gobierno tiene "profundas contradicciones" en su interior. En particular destacan las diferencias de criterio entre Presidencia y el MEF. Prueba de ello, señalan, fue la oferta de partidas fijas que les hizo el presidente Mujica el jueves 26 y que al otro día no fue tenida en cuenta por los negociadores del gobierno. "Por si fuera poco nos dijeron que poníamos en juego el ámbito de negociación", se quejó uno de los dirigentes.

Los trabajadores tienen claro que "al final del día" Presidencia y Economía se pondrán de acuerdo y allí se verá una sola posición frente a sus reclamos.

PLAZOS El Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal: de hecho, tiene plazo hasta la medianoche para hacerlo. La Cámara de Diputados dará ingreso mañana al proyecto presupuestal y el jueves se reunirá por primera vez la comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda. Los diputados decidirán ese día la agenda de trabajo para los 45 días de trabajo parlamentario.

COMISIÓN A inicios de la próxima semana las comisiones de Hacienda y Presupuesto recibirán en comisión al equipo económico. La comisión sesionará de lunes a jueves en doble horario: allí comparecerán todos los ministros y representantes de organismos públicos a informar sus aspiraciones. El quinto día hábil de la semana será reservado por los legisladores para recibir a las cientos de delegaciones de sindicatos públicos y organizaciones sociales que tengan participación en la ley presupuestal. El Presupuesto se votará en la Cámara de Diputados a mediados de octubre, al filo del plazo legal. Luego pasará a la Cámara de Senadores.

Asesores BLANCOS Los senadores y diputados del Partido Nacional de las comisiones de Hacienda y Presupuesto reunirán mañana en el Parlamento a catorce técnicos en el área económica para estudiar todo el proyecto de Presupuesto (artículo por artículo) y definir las propuestas concretas a presentar en la discusión en la Cámara de Diputados. Además, hay otro grupo asesor, de mayor nivel, que define los lineamientos generales del Partido Nacional en el tema, donde están presentes los economistas Fanny Trilesinsky, Javier De Haedo y Washington Ribeiro.

Reuniones La próxima semana los blancos harán una presentación pública para informar sus prioridades, donde hay planteos impositivos y también de construcción de escuelas y centros de salud. El jueves los blancos reunirán a la Agrupación Parlamentaria y el tema presupuestal también estará sobre la mesa.

TEMAS En la agenda nacionalista están las inversiones públicas en el Hospital del Cerro, el nuevo hospital Pasteur y el nuevo hospital de Ciudad de la Costa. Además, plantearán las reivindicaciones de los intendentes y temas tributarios: modificar el IASS a los pasivos y eliminar el IRPF a los alquileres.