Destituyen a 3.200 policías en pleno auge de violencia

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MÉXICO | EL PAÍS DE MADRID Y AFP

Mientras México enfrenta una escalada de violencia atribuida al narcotráfico, responsable de cinco ataques con explosivos y del asesinato de un alcalde, la Policía destituyó a 3.200 efectivos por faltas al reglamento y denuncias de ilícitos.

"El tren estaba parado cuando a las seis de la mañana llegó alguien a quien llamaban El Gordo con seis hombres. Al coyote le permitieron apartar a su gente. A los que viajábamos solos, los seis pistoleros nos decían que si no aportábamos un número telefónico de parientes en EE.UU. nos iban a matar. Los que se negaron fueron tableados (tiroteados). Dos intentaron escapar y los asesinaron. Como yo soy bien pacífico, di el número para que me no hicieran nada", cuenta "Carlos", un inmigrante ilegal guatemalteco que viajó de polizón en el tren.

Su caso parecería menor ante la tragedia de hace una semana, cuando 72 inmigrantes sin papeles fueron encontrados acribillados en Tamaulipas, pero es uno de los muchos que ocurren sin aparecer en los telediarios. En su intento por llegar a EE.UU., el guatemalteco vio como mataron a 4 personas, se encontró cadáveres tirados en basureros y pasó hambre tres días, en una casa de seguridad atestada de centroamericanos. La parsimonia con que cuenta que sus parientes tuvieron que enviar telegráficamente mil dólares para pagar por su libertad sólo se pierde cuando le preguntan si no había policías cuando los secuestraron: "No hicieron nada, sólo se nos quedan viendo, ellos le avisan a El Gordo que ya llegó el tren".

Polarizada por la división política y erizada por la sensación de vulnerabilidad total cimentada por escenas de violencia que se superan en crueldad mes con mes, la sociedad mexicana cumple una semana de haberse atragantado en el desayuno con la sangre de 72 ciudadanos de origen centroamericano y sudamericano que fueron hallados en una finca a medio construir en San Fernando, Tamaulipas, a hora y media de la frontera con EE.UU. Siete días después hay pocas novedades: los autores de la matanza fueron los Zetas (dominan las redes de extorsión y secuestro de ilegales); como no podían pagar por su rescate, a los indocumentados se les propuso, de acuerdo con el testimonio del sobreviviente, enrolarse en la organización criminal, se habrían negado y los mataron; de los 31 que hasta el momento han sido identificados, el grupo mayoritario es el hondureño, con 14, luego los salvadoreños, con 12, guatemaltecos son 4, hay un brasileño y, el sobreviviente, un ecuatoriano.

Y, finalmente, el agente asignado a la investigación desapareció, junto con un policía, el 25 de agosto, un día después del hallazgo de los cadáveres. Esto podría parecer novedoso si se pasa por alto que ahí en Tamaulipas, y cuando las encuestas lo ponían como virtual gobernador, el candidato del PRI fue asesinado en junio, una semana antes de los comicios para renovar al gobernador.

Así se cumple una semana de la peor matanza de emigrantes indocumentados en el México moderno: con el agente investigador desaparecido, un solo detenido que alegó ser menor de edad, 41 cadáveres de los hallados en San Fernando sin ningún documento que facilite su identificación y con la certeza de que en este momento, encima de ese tren que de tan fatídico ya apodan La Bestia, los delincuentes están deteniendo, y quizás matando, a algún emigrante sin papeles.

Las ganancias de ese negocio han sido calculadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en al menos unos 25 millones de dólares en seis meses. Esa fue la conclusión del más reciente informe sobre secuestro y extorsión realizado en 2009 por la oficina del Ombudsman.

"La migración indocumentada pues no se puede calcular porque es indocumentada, verdad", responde Cecilia Romero, máxima autoridad migratoria mexicana. La funcionaria asegura que éste ha venido reduciéndose desde el año 2005, entre otras razones, por "el aumento de la criminalidad". ¿Cuántos indocumentados extorsionados? "Ese es un dato que no lo puedo dar", responde.

Tomando por buena la estimación de la CNDH de que son alrededor de 20.000 los casos de secuestros por año, la organización "I(dh)eas. Litigio estratégico en Derechos Humanos" llevó el ejercicio más allá: se preguntó cuántos de esos delitos contra inmigrantes están siendo perseguidos por autoridades mexicanas. Mediante la ley de acceso a la información solicitó a las fiscalías que le enviasen el número de investigaciones donde la parte afectada en delitos de violación y trata de personas incluya a emigrantes sin papeles. La Procuraduría General de la República respondió con un oficio el 15 de junio pasado. La palabra que más se repite en el mismo es "no": ni denuncias, ni averiguaciones previas desde septiembre de 2009. En el caso de la fiscalía de Chiapas, juntas denuncias y averiguaciones previas no llegan a 30 expedientes.

Policía. "Por incumplimiento de los deberes previstos en el reglamento, 3.200 elementos fueron dados de baja", dijo ayer Facundo Rosas, comisionado general de la Policía Federal, dependendiente de la secretaría de Seguridad Pública.

La Policía Federal, que antes de estas destituciones contaba con 34.500 uniformados, es una de las puntas de lanza del operativo de combate al crimen organizado lanzado por el presidente Felipe Calderón tras llegar al poder en diciembre de 2006 y en el que también participan más de 50.000 militares.

Rosas dijo que ninguno de estos 3.200 efectivos destituidos, cerca de 10% de su pie de fuerza, logró pasar "controles de confianza", y que incluso 465 de ellos han sido blanco de denuncias como probables responsables de delitos. El jefe policial dijo que se analizan los casos de otros 1.485 policías que podrían sufrir igual suerte, en una próxima etapa del proceso de depuración que se mantiene en la entidad.

Las diferentes instituciones de policía de México, especialmente las que actúan localmente, son frecuentemente blanco de señalamientos de corrupción y denuncias de vínculos con el narcotráfico y delitos como el secuestro de migrantes. A estas, se suman las denuncias sobre la incompetencia policial para frenar las acciones del crimen organizado ante la espiral de violencia atribuida a los carteles.

En la última semana esa violencia se ha concentrado en el noreste del país, tras conocerse la masacre de inmigrantes. El domingo fue asesinado el alcalde del poblado de Hidalgo, mientras que entre el viernes y el domingo se registraron al menos cinco explosiones contra sedes policiales y un canal de televisión en Tamaulipas, que dejaron más de 15 heridos.

34.500 La cantidad de integrantes de la Policía Federal mexicana antes de las destituciones. Despidieron a 3.200 efectivos, casi un 10%.

9.758 Los testimonios de emigrantes secuestrados por narcos que recogió el Ombudsman mexicano sólo en un semestre del 2009.

México | El reloj no marca hora alguna de cierre de Belén Posada del Migrante. Antes no era así, pero la aldaba se dejó de echar cuando se volvieron frecuentes los casos de sin papeles que arriesgaban su vida saltando la verja en su huida de los secuestradores. Antes tampoco permitían que nadie estuviera más de tres días. Pero en 2009 eso cambió. "Una mujer que fue violada 70 veces, o alguien que fue golpeado y retenido, tarda más que eso en recuperarse", se cuestiona el sacerdote diocesano Pedro Pantoja, que lleva diez años organizando la solidaridad de este espacio de acogida en Saltillo, (norte de México).

Pantoja habla cadenciosamente y nada en su voz delata que él y la posada han sido amenazados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha pedido al Gobierno mexicano que tome las medidas necesarias para cuidarles. Ubicada a 100 metros de las vías del tren, una distancia que a pesar de ser poca puede resultar infranqueable para los emigrantes, Belén Posada del Migrante es uno de los 42 centros de su tipo que conforman la red de la Comisión Episcopal de Movilidad Humana, un sistema que alberga diariamente a unos 5.000 sin papeles. EL PAÍS DE MADRID