El gobierno argentino lanza una nueva ofensiva mediática

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El gobierno argentino presentará un informe sobre la proveedora del papel donde se imprimen "Clarín" y "La Nación". Los denunciará por competencia desleal, irregularidades financieras, apremios ilegales, coacción y delitos de lesa humanidad.

Mañana a las siete de la tarde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner presentará en la Casa Rosada un informe titulado "Papel Prensa, la verdad". Con ese texto de 400 páginas lanzará una nueva ofensiva contra los diarios "Clarín" y "La Nación", después de revocar al Grupo Clarín la licencia por la que provee de Internet a sus clientes con la red Fibertel.

Gobernadores, empresarios y legisladores están invitados al evento donde la presidenta propondrá disponer la nulidad de la operación de compra de las acciones de la empresa fabricante de papel de los diarios, Papel Prensa. Esta compra fue efectuada el 2 de noviembre de 1976 por "Clarín", "La Nación" y "La Razón" y la nueva propuesta oficial podría desatar una larga disputa judicial.

Fernández se dispone a avalar las acusaciones del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, sobre la supuesta comisión de delitos por parte de autoridades de las empresas periodísticas, "a las que Néstor Kirchner quiere ver en prisión", según dejaron trascender desde la Casa Rosada.

El informe fue elaborado por Guillermo Moreno en medio de un gran hermetismo. Sólo él, la presidenta Cristina Kirchner, su esposo y jefe del Partido Justicialista Néstor Kirchner, y el secretario legal y técnico Carlos Zannini, conocen el detalle de su contenido.

Estos actores y sus allegados dan por descontado que se abrirá un largo proceso judicial que terminaría probablemente en la Corte y del cual nadie en Olivos puede garantizar su resultado. "Durará tres o cuatro años. La intención es generar una pelea judicial y producir un daño mayor en la porción accionaria de "Clarín", blanco de Kirchner. No se sabe cuánto retendrá cada uno. Final abierto", trascendió en la Casa Rosada.

El cuerpo del informe que la presidenta presentará mañana, tendrá tres ejes.

Por una parte, una denuncia contra directivos de los diarios por supuestos apremios ilegales, delitos de lesa humanidad y coacción por la venta de Papel Prensa. Incluiría un testimonio de Lidia Papaleo -quien era dueña de Papel Prensa y viuda del banquero David Graiver- que asegura haber sido forzada en 1976 a vender sus acciones bajo torturas y supuestas amenazas de muerte del titular de "Clarín", Héctor Magnetto, y de la dictadura militar.

El informe exhibiría el relato oficial de aquella compra, versión que los dos diarios desestiman en forma categórica: los Graiver declararon en varias causas judiciales y en ninguna de ellas vincularon su detención y la tortura a la venta de las acciones de Papel Prensa porque estaban libres al momento de la venta y porque hasta esa fecha no habían sido objeto de torturas y amenazas por parte del gobierno militar.

El siguiente eje del documento oficial es el de la acusación de supuestas irregularidades de la empresa en el manejo financiero a lo largo de varios años de gestión.

En tercer lugar, el gobierno acusará a "Clarín" y "La Nación" por competencia desleal en el suministro de papel a los demás clientes de Papel Prensa.

La empresa abastece a unos 170 diarios de todo el país. "Clarín" tiene 49% de las acciones; "La Nación" 22,5%; y el Estado 27,5%.

En los últimos días creció la preocupación empresarial por el avance de la administración sobre empresas en general y sobre los medios periodísticos en particular.

En el ámbito político, los bloques de la oposición anunciaron que presentarán en el Congreso un proyecto de ley para dejar sin efecto la medida que declara la caducidad de la licencia de Cablevisión Fibertel, del Grupo Clarín.

Los políticos también advirtieron que ampliarán la denuncia que hicieron en abril de este año ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El 27 de abril 24 diputados denunciaron que, en su avance contra Papel Prensa, el gobierno busca limitar la libertad de los medios. Ahora también invitarán a la relatoría de prensa de Naciones Unidas a visitar el país "para interiorizarse de la situación", explicó la legisladora de la Unión Cívica Radical Silvana Giúdici a "Clarín".

El diputado de la Coalición Cívica, Alfonso Prat-Gay, condenó la situación y opinó que "el próximo paso es presionar a los diarios para tener el control absoluto de lo que se informa".

Ante la decisión del gobierno de revocar la licencia para prestar el servicio de Internet que operaba la firma del Grupo Clarín, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) pidió "condiciones indispensables para aprovechar las grandes oportunidades que hoy nos ofrece el mundo".

Mediante un comunicado titulado "AEA ante las acciones contra Fibertel y Siderar", la entidad que reúne a los presidentes y máximos ejecutivos de las principales compañías con presencia en Argentina expresó su "grave preocupación por el intento de suprimir las operaciones de Internet" que Cablevisión opera desde hace 8 años bajo la marca Fibertel".

La medida, según AEA, "pone en riesgo la infraestructura digital de nuestro país, que es un factor crítico para el funcionamiento de las empresas en la actual economía del conocimiento, y afecta también la vida cotidiana de gran cantidad de usuarios individuales".

El mercado de acceso a Internet facturó US$ 800 millones en 2009 y el 25% de los abonados a banda ancha tienen Fibertel, según datos de Convergencia Research citados por Clarín. LA NACIÓN / GDA

Unas 20 asociaciones de consumidores recibirán hoy por parte de la Comisión Nacional de Comunicaciones la explicación oficial del porqué de la revocación de la licencia al grupo que brinda banda ancha por medio de Fibertel. El Centro de Educación al Consumidor y la Unión de Consumidores argentinos, por otra parte, dijeron que acudirán a la Justicia por el caso, que afecta a 4,5 millones de personas.