Suprema Corte rechazó el paro policial de 222

1/1

El Sindicato Policial de Montevideo (Sipom) evaluó de forma positiva el paro que afectó al servicio 222 en la jornada de ayer. En horas de la tarde, por las calles de Ciudad Vieja y el Centro de la capital se notó una sensible baja de efectivos custodiando locales comerciales como señal de apoyo a J.A.B.I., el agente procesado con prisión por el delito de homicidio.

Luis Murin, delegado de Sipom, dijo a El País que "los policías se sumaron solidariamente con la medida tomada". Si bien no se pudo evaluar la adhesión en términos porcentuales, "sabemos por comentarios de compañeros y colegas que el compromiso asumido ayer tuvo un total respaldo", concluyó el policía.

Uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, mostró su disconformidad con la protesta gremial llevada a cabo en el día de ayer. "Considero que un paro policial es una forma indebida de ejercer presión hacia las autoridades del Poder Judicial. Pero afortunadamente, los jueces son independientes de toda presión, poder político o gremial, es decir, el proceso seguirá su curso", indicó a El País.

REUNIÓN. Ayer tuvo lugar una reunión entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak y el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, quien al término del encuentro dijo que la reunión tuvo como objetivo dejar de manifiesto "el deseo de fortalecer los lazos de coordinación (entre ambas instituciones), porque estas situaciones nos generan dificultades importantes en las operaciones del Ministerio", indicó.

Jorge Ruibal, ministro de la SCJ, dijo a El País que se abordó "el tema de la colaboración", planteado desde años atrás. La idea es "mantener un canal fluido de comunicación y que cuando haya complicaciones tratar de solucionarlas en el corto tiempo".

Consultado sobre cómo puede generarse esta colaboración, Ruibal sostuvo que la clave es "detectar dónde están las fallas, sobre todo en las comunicaciones", finalizó.

Altas fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que aún no fue enviada la notificación del fallo por parte de la jueza Merialdo. Presumen que el texto se entregue hoy. A partir de allí, la secretaría de Estado tendrá cinco días para resolver si apelarán el fallo contra el agente procesado u otro tipo de reclamos.