El abuso

Javier García

La Intendenta electa de Montevideo ya adelantó que pedirá que aumente la asistencia económica del gobierno central a la comuna. El actual prosecretario de la misma cuantificó el pedido. Detalló que actualmente las transferencias del tesoro central a la administración montevideana son 545 millones de pesos, unos 27 millones de dólares.

La intención de los recaudadores departamentales es que ese aporte se dispare casi cuatro veces, y que la asistencia llegue al 25% del presupuesto, cifra que ronda los 100 millones de la moneda americana.

El despropósito podría analizarse de dos maneras: uno desde la solidaridad con los uruguayos de todos los rincones del país que pasarían a financiar buena parte de la intendencia montevideana. Y otra desde la solidaridad con los montevideanos, a quienes se les llevaría a pagar por dos vías los gastos de la intendencia.

Vayamos a la primera. La intendenta electa justifica el pedido en que Montevideo, por ser la capital del país, merece un tratamiento diferencial y un aporte superior del resto de los uruguayos. Argumenta que Madrid y París son asistidas por su "capitalidad". Cabría preguntarle a la futura intendenta si la luz, la limpieza y el transporte que ofrecen las autoridades de esas capitales y ciudades a sus ciudadanos son comparables a los que Montevideo brinda. ¿Usted se imagina a París y Madrid con los contenedores rebosantes de basura, las calles sucias y los baches de aquí?

Pero lo más importante es saber quién recibe más, si la capital por la concentración de recursos que aquí se dan al estar concentrados todos los servicios administrativos y burocráticos del país, la educación universitaria que es monopólicamente centralista, la salud en sus servicios más avanzados y especializados y la infraestructura que está pensada desde acá, con todo lo que ello supone de inversión pública, privada y familiar, o si es inversa y es más lo que aporta la Intendencia en servicios al resto de los uruguayos. No resiste el más mínimo análisis.

El otro ángulo es la antisolidaridad de esta propuesta con los propios montevideanos. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, a pagar impuestos caros por servicios que no recibimos. Solo el sostenimiento de una estructura que tiene como centro a su burocracia y no al ciudadano permite esto. Sueldos y gastos de funcionamiento absorben el 90% de su presupuesto. Con esta idea se procura que los montevideanos paguen mucho más por la misma estructura y pobres servicios. Lo haremos por los impuestos municipales y también a través de los nacionales.

Es la reforma del Estado al revés: se premia la ineficiencia.

Es cierto que las autoridades departamentales que asumirán las eligió, por cuarta vez consecutiva, una mayoría legítima. En franco retroceso también. No nos impide esto enfrentar estas propuestas, que implican enorme soberbia y alejamiento de la realidad.

Un barril sin fondos que pide y pide y no da nada. Que les saca a los montevideanos y que ahora va por el resto, es un despropósito.

La intendenta Olivera no asumió, pero va camino a ser peor de lo mismo.