Firmeza en el gobierno en rechazo a control interno de planta de UPM

Eduardo Delgado

Interrogado sobre si Uruguay cedería a que haya monitoreo conjunto dentro de la planta, el canciller Luis Almagro respondió: "No". Y explicó: si así fuera, ya estaría acordado cómo sería el monitoreo conjunto.

"Ni ellos se apearon de su necesidad de inspeccionar en la planta, ni nosotros de ajustarnos al monitoreo de la calidad de las aguas en función del impacto ambiental que pueda tener la actividad de UPM", declaró el ministro de Relaciones Exteriores.

Recordó que técnicos uruguayos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) controlan la planta de UPM, y que "no está previsto dentro de la normativa vigente en el Estado que, además de la Dinama, tenga competencia un organismo extranjero".

Almagro indicó que en este tema los gobiernos de Uruguay y Argentina están "en un impasse", y que se espera poder avanzar en los próximos 60 días. Acotó que "es un tema de soberanía" y que el gobierno se va a "mantener firme al respecto".

Incluso, dijo que la posición del gobierno es más firme que la que mantuvo el de Tabaré Vázquez, "en cuanto a no permitir el ingreso a la planta para monitorearla".

Por su parte, el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, señaló que la intención de los negociadores argentinos es "controlar la planta".

"Esto es lo que nos enfrenta, no sé si a otro conflicto, pero sí a otro tema complejo", expresó.

El jerarca agregó: "Es verdad, efectivamente tenemos una diferencia de criterios con respecto hasta dónde alcanza el fallo de La Haya. No lo podemos ocultar".

A los comentarios sobre este punto se sumó la senadora y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, para quien el control dentro de la planta de UPM en Fray Bentos "no está por ahora en la conversación porque eso roza la soberanía".

"Hay que ser muy cauto. Una cosa es el río, el territorio común, y otra cosa es la planta, que está en territorio uruguayo. Son dos cosas distintas", comentó Topolansky.

Para la senadora, hay que "implicar a los brasileños" en el control del río Uruguay.

La negociación sobre el alcance del monitoreo del río Uruguay excederá la labor de la CARU y será definida por los cancilleres Almagro y Jorge Taiana, dos semanas antes de la próxima reunión entre los presidentes Mujica y Cristina Fernández a principios de agosto en Buenos Aires.

En esa nueva cumbre deberá quedar definido cómo y a partir de cuándo Argentina y Uruguay monitorearán los niveles de contaminación del río.

Esperando otro fallo. El fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del 20 de abril laudó dos temas: uno, la planta de UPM (ex Botnia) no contamina y, dos, el monitoreo del río debe ser conjunto. Pero no ordenó el levantamiento del bloqueo del puente. Es así que ahora todos miran a la Justicia argentina, de la que se espera dé la orden de ponerle fin al bloqueo.

En ese sentido se manifestaron la presidenta Fernández y otros funcionarios del gobierno argentino.

En Uruguay, en tanto, dirigentes del gobierno coincidieron en que la Justicia argentina debe pronunciarse sobre la ilegalidad del piquete (ver nota en esta página).

El jefe de gabinete argentino Aníbal Fernández, dijo ayer jueves que "si la Justicia actúa en consecuencia, el corte se podrá levantar", en lo que pareció un tirón de orejas a la Justicia de su país, por no haber fallado contra los asambleístas de Gualeguaychú que bloquean el tránsito por el puente binacional San Martín.

El jefe de gabinete, una figura de enorme peso en el gobierno argentino, dijo no creer que se tenga que "lastimar al prójimo para cumplir con una orden de la Justicia", en sintonía con los declaraciones de su presidenta sobre no reprimir.

El ministro del Interior argentino, Florencio Randazzo, fue otro que se refirió a la Justicia y el bloqueo. Expresó que, si un juez ordena desalojar el corte, "el gobierno debería cumplir con la orden judicial". Pero, al igual que la presidenta de su país, dijo que no se reprimirá en caso que haya una decisión judicial en ese sentido.

Sostuvo que "las órdenes judiciales están para cumplirlas. Pero tenemos que ser muy prudentes. La Argentina tiene una historia trágica con esto".

Al igual que Fernández en Anchorena, Randazzo recordó el desalojo del puente argentino de Avellaneda en junio de 2002 , en que murieron dos jóvenes.

"No estamos de acuerdo con el corte. Hay que levantarlo para que se normalice la relación entre Argentina y Uruguay. Pero no vamos a reprimir. Eso no conduce a nada. Vamos a llegar a una solución razonable", afirmó Randazzo, en declaraciones a radio 10 de Buenos Aires.

Los periodistas lo interrogaron sobre cómo reaccionaría el jefe de la Gendarmería si recibiera la orden judicial de despejar el piquete, a lo que el ministro respondió: "Tiene que cumplir con la orden. Hay que ser respetuosos de las órdenes de la Justicia, pero también lo suficientemente inteligentes para no derivar en un conflicto mayor. No vamos a reprimir", aseveró.