Cajero de casino ganó juicio y evitó el despido

PABLO MELÉNDREZ

Los funcionarios públicos tienen la característica de ser inamovibles. Eso implica que no pueden ser destituidos sin que exista una falta u omisión de tal gravedad que amerite una sanción tan severa.

En todos los casos donde se decide remover a un trabajador de un organismo del Estado, tiene que haber una resolución del responsable de la unidad en acuerdo con el Poder Ejecutivo, según lo que prevé la legislación vigente.

Pero, como ante cualquier decisión oficial, existe la posibilidad de que el implicado la impugne ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que deberá confirmar o revocar la resolución.

Ese camino fue el que siguió un funcionario de la Dirección General de Casinos (DGC), dependiente del Ministerio de Economía, acusado de cometer una falta administrativa considerada "grave".

El funcionario, que se desempeñaba como cajero en la sala de juego del Montevideo Shopping, fue destituido al constatarse que había recibido una propina de parte de un cliente, lo cual está prohibido. Ese hecho derivó en un proceso administrativo que culminó con su destitución y el inicio de un sumario a otros dos empleados del casino que eran los encargados de realizar el arqueo de la caja y que no informaron sobre la irregularidad.

La DGC, en base a los registros de las cámaras de seguridad de la sala, concluyó que el cajero, luego de pagar a un apostador un premio de $ 30.642, realizó una operación de conversión de 14 nuevos tiques por $ 140 y recibió como pago $ 642 que ingresó a la caja. Además, guardó los billetes de $ 100 en un lugar diferente al que se le destinaba normalmente, y esa diferencia derivó en que las autoridades determinaran que el cajero había cobrado una propina.

El trabajador, en su recurso ante el TCA, negó haber recibido dinero de parte del cliente, y alegó que no se reunieron las pruebas necesarias que demostraran ese extremo. Sostuvo, además, que se trató de un error involuntario causado por la presión en la que trabajaban los cajeros al momento de ocurrido el hecho (mayo de 2004). También recalcó que la Justicia Penal archivó la denuncia que el organismo había presentado en su contra a raíz de esta situación.

Por su parte, la DGC reafirmó en el juicio su posición respecto a la falta cometida por el cajero, situación que para el organismo que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, fue debidamente acreditada, por lo que mantuvo firme su decisión de destituir al cajero.

En su sentencia, el TCA dirimió el conflicto fallando a favor del cajero y anuló la resolución por la cual había sido cesado.

Sin embargo, el fallo del TCA señala que las explicaciones dadas por los funcionarios implicados "carecen de sustento", pero aún así, la decisión oficial presentó deficiencias formales que llevan a la anulación del acto administrativo.

Según la sentencia, si bien la conducta atribuida al cajero supone "una mayor responsabilidad en la maniobra descubierta", la decisión de la DGC de destituirlo no presentó situaciones agravantes ni la existencia de antecedentes similares, por lo que "aparece como francamente irracional y desproporcionada su destitución".

ficha

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Fecha: 24 noviembre de 2009.

Redactor: E. Lombardi.

Firmantes: R. Harriague, D. Preza, M. Sassón y J. Monserrat.

Situación: Un cajero de un casino del Estado fue destituido por haber recibido una propina de un apostador.

Fallo: sostuvo que la decisión implicó una sanción "desproporcionada".