Arrepentidos corren riesgo en cárceles del Interior

En el Ministerio del Interior se considera que muchos establecimientos carcelarios no cuentan con la infraestructura necesaria para prestar protección a reclusos implicados en casos de crimen organizado, tal como lo prevé la nueva legislación.

La decisión de proteger a la "colaboradora" que declaró contra Carlos Curbelo Tammaro y cuyo testimonio fue uno de los elementos tomados en cuenta por la Justicia para procesar con prisión al abogado por lavado de activos en el marco de la "Operación Campanita", despertó gran polémica.

La mujer, que se desempeñaba como empresaria inmobiliaria en Punta del Este, fue procesada la semana pasada por "apropiación indebida" ya que se constató que alquilaba propiedades pero no entregaba el dinero a los dueños.

La condición de "colaboradora" de la empresaria en un complejo caso de narcotráfico y lavado de activos, hizo que se decidiera otorgarle protección especial en la cárcel de Las Rosas, donde está recluida.

Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a El País que a nivel carcelario se hace difícil prestar las medidas de seguridad que requieren reclusos de esas características, sobre todo cuando están detenidos en centros penitenciarios de departamentos del Interior.

Las fuentes consultadas no pudieron precisar a cuántos reclusos presta seguridad la Policía actualmente, aunque estimaron que "deben ser muy pocos" porque la ley que creó la figura del "colaborador" fue aprobada en junio de 2009.

Además, las fuentes advirtieron que se deberían mejorar los centros penitenciarios del Interior para que efectivamente se pueda salvaguardar la integridad física de los internos, porque se trata de cárceles que "no están pensadas para este tipo de casos", explicaron.

La figura del "colaborador" fue creada por la ley 18.494 como uno de los nuevos instrumentos para combatir a los grupos de crimen organizado. Así, se habilita a los fiscales a reducir la pena o a no formular acusación contra una persona que haya participado del grupo delictivo pero que acepte brindar información sobre su funcionamiento y sus miembros.