El fiscal penal Juan Gómez pidió ayer el archivo del expediente judicial que indaga los negocios realizados entre Uruguay y Venezuela en el marco del acuerdo de cooperación bilateral firmado en marzo de 2005 entre ambos países. Las operaciones se realizan a través del llamado Fondo Bolívar-Artigas que implicó la creación de un fideicomiso de US$ 256 millones.
El representante del Ministerio Público concluyó que en los acuerdos comerciales indagados no se cometió ningún delito penal, y por eso solicitó al juez Sergio Torres la clausura del caso, según supo El País. La denuncia había sido presentada en 2008 por el diputado colorado Washington Abdala, quien reclamó que se investigaran presuntas irregularidades en los negocios entre Uruguay y Venezuela, ya que habrían sido beneficiadas algunas empresas en perjuicio de otras.
A fines de 2008, el juez Torres y el entonces fiscal del caso, Ricardo Perciballe, tomaron declaración al empresario Javier Vázquez, hijo del presidente Tabaré Vázquez, quien participó en varios negocios de exportación de productos informáticos que se realizaron en el marco del Fondo Bolívar Artigas.
Además de Vázquez, las Justicia investigó a otros dos empresarios de ese rubro.
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