Fin a ley de la selva: ahora impedirán las ocupaciones

1/1

VILA DOS CRENTES | THE NEW YORK TIMES

Por primera vez, el gobierno de Brasil determina quién es el dueño de millones de hectáreas en el Amazonas, lo cual le permite llevar un registro de quién es responsable de despejar bosques para tala y ganado y quién debe ser llamado a rendir cuentas cuando se hace de manera ilegal.

Raimundo Teixeira de Souza llegó hace 15 años hasta este punto de avanzada en el Amazonas, donde el calor y la humedad son opresivos, en busca de tierra. Compró ocho hectáreas, dijo, pero agricultores más poderosos, quienes recorren este territorio del Salvaje Oeste con rifles colgando de la espalda, lo obligaron a vender buena parte del área por una nimiedad.Después alguien mató de un balazo al hijastro de de Souza, de 23 años de edad, en pleno camino de una comunidad local hace dos años, contaron residentes. Nadie ha sido detenido. De hecho, el nuevo jefe de policía no tiene registro alguno de que el crimen hubiera sido tan siquiera investigado por su predecesor. Esto difícilmente llega de manera sorpresiva, notó el jefe, considerando que él solamente cuenta con cuatro investigadores para cubrir un área de rampante ocupación ilegal de tierras y deforestación del tamaño de Austria.

"Estamos siendo masacrados", dijo de Souza, de 44 años de edad, quien encabeza la asociación local de residentes. "Nosotros meramente queremos trabajar y criar a nuestros hijos".

Así ha sido a lo largo de muchas décadas, afirman residentes. A lo largo de este enorme tramo del Amazonas, el Estado prácticamente ha sido inexistente, ya sea en la forma de agentes de policía o claros registros de tenencia de la tierra, dando origen a una flagrante cultura de ocupaciones ilegales de tierra, a menudo a punta de pistola.

Pero, haciendo uso de una nueva ley, el gobierno brasileño está intentando imponer el orden en este territorio, a menudo sin ley, y posiblemente, en el proceso, acabar poco a poco con una mayor inquietud mundial: la deforestación y la amenaza del cambio climático que viene con ella.

"El gobierno finalmente sabrá de quién es esa tierra, y quién es el responsable de lo que ocurre en ella", dijo Thomas E. Lovejoy, el presidente de biodiversidad por el Centro Heinz de Ciencia, Economía y el Ambiente, en Washington.

Este territorio en el estado de Para es el peor lugar de la destrucción forestal de Brasil, y los ambientalistas dicen esperar que la nueva ley, aprobada por el Congreso carioca en junio, ayude al gobierno para que finalmente haga valer sus límites oficiales con respecto a despejar la tierra.

No obstante lo anterior, esa es una enorme y caótica empresa. Existen claros registros de propiedad para menos de cuatro por ciento de la tierra en manos privadas a lo largo del Amazonas brasileño, informaron funcionarios gubernamentales. Aquí en Para, los funcionarios han descubierto títulos apócrifos sobre aproximadamente 129,502 millones de hectáreas, lo cual equivale a casi el doble de la tierra que efectivamente existe, con base en datos de oficiales de la rama federal.

Y si bien pequeños agricultores como de Souza están centrando sus esperanzas en dicha ley, muchos grandes terratenientes dicen que ellos han sacrificado demasiada sangre y sudor para que la burocracia en Brasilia, la capital, les imponga nuevas reglas.

"Todo lo que tenemos hoy fue construido a partir de nuestro propio deseo de trabajar", dijo Borgiano Alves de Oliveira, de 68 años de edad, quien cría ganado y cultiva cacao en aproximadamente 242 hectáreas.

FRACASO. El problema empezó con la dictadura militar en los años 60 y 70, que invitó a colonos para que ocuparan el Amazonas pero les exigió que despejaran bosques para ganar acceso a tierra y créditos.

Las críticas en aumento hacia las políticas de Brasil con respecto al Amazonas impulsaron al gobierno en los años 80 al desarrollo de leyes que, al menos en teoría, estuvieron entre las de mayor protección a los bosques en todo el mundo. Pero, debido a la escasa presencia de las autoridades para hacerlas valer, dichas leyes lograron muy poco por detener la ocupación generalizada de tierras.

"Este caos de inseguridad legal fue la base de mayor importancia para los perversos incentivos en el Amazonas con miras a saquear, en vez de conservar o desarrollar, aunado a una incitación constante a la violencia", notó Roberto Mangabeira Unger, el ex ministro de Asuntos Estratégicos que contribuyó al desarrollo de la nueva ley agraria.

Bajo esta ley, que se aplica a más de 60.7 millones de hectáreas, el gobierno otorgará parcelas de hasta 101 hectáreas sin costo para los colonos. Parcelas mayores serán vendidas a diversos precios, con o sin subastas públicas, dependiendo de sus dimensiones. Las que sean mayores de aproximadamente 2,430 hectáreas no podrían venderse sin un acto explícito del Congreso. Hasta la fecha, los colonos han registrado aproximadamente 4% de la tierra apartada específicamente bajo la ley, con base en funcionarios gubernamentales.

Desde la época de la dictadura, este enorme territorio en el estado de Para, conocido como Sao Félix do Xingú, ha atraído a fuertes colonos y mineros en busca de tierra barata, buen suelo, una rica diversidad de minerales y raros frutos amazónicos.

Sin embargo, notorios criminales también han encontrado refugio. Leonardo Dias Mendonca dirigía una vasta empresa criminal desde San Félix, la cual incluía una flota de aviones empleados para llevarles armas a los rebeldes colombianos a cambio de drogas, antes de ser condenado en 2003.

Las discusiones en San Félix tradicionalmente se arreglaban con "mucha muerte", destacó Waldemir de Oliveira, el líder de la asociación agrícola de San Félix. "Era la ley del más fuerte", dijo de Oliveira. "Los agricultores destacaban guardias al perímetro de su tierra y nadie entraba en ella".

En Vila dos Crentes, el sordo zumbido de un generador casi sofocaba las voces de una reunión de residentes hace poco en la iglesia. "Estamos empezando a entender que tenemos que comprometernos con la reforestación y detenerla", comentó de Souza. No obstante, esos objetivos se ven ensombrecidos por la constante amenaza de la violencia.

En la estación de policía más cercana, a más de 160 kilómetros de distancia, el Jefe Alvaro Ikeda dijo que los asesinatos eran comunes, indicando una pila de expedientes que contenían información de aproximadamente 11 presuntos homicidios bajo investigación.

"Yo no puedo garantizar la vida de los testigos", afirmó Ikeda. "Ni siquiera puedo garantizar mi propia vida".

Con dicho fin en mente, el jefe decidió vivir en la sede policíal. Siempre tiene a mano una escopeta y un rifle de asalto.