Agosto tormentoso

Con la Confederación de Funcionarios Públicos fijando paro para el 26 de agosto y la exigencia de incorporación de 15.000 becarios y pasantes, los gremios de la enseñanza que anuncian la friolera de tres días consecutivos (10, 11 y 12 de agosto) sin clases, la Universidad de la República que reclama un aumento del 70% en su presupuesto, la Intendencia de Montevideo que aprueba el ascenso masivo de 900 empleados, las nurses de los CTI públicos que detendrán sus actividades mañana por 24 horas y el 5 y 6 de agosto por 48, el Pit-Cnt que aprobó un paro parcial para el 21 y evalúa una medida general, más algún otro cascote en el camino que se nos haya pasado, este mes de agosto que se inicia pondrá a prueba la firmeza del rumbo de la administración Mujica.

Se dirá que esta es la tónica histórica de nuestro país en la antesala de la presentación del Presupuesto Nacional que debe hacer cada gobierno y donde muchos se juegan la suerte para el próximo quinquenio. Puede ser, pero este año tiene un aditamento tan explosivo como necesario para la sociedad en general: qué vamos a hacer con la anunciada Reforma del Estado. Y, además, se develará la incógnita de si el Presidente, que es un hábil y reconocido negociador, tiene la misma capacidad para decir una y mil veces una palabra que poco se le ha escuchado: "No"

Vale la pena recordar una parte de la exposición de Mujica en la Asamblea General, cuando asumió el 1° de marzo porque, como no tenemos motivos para dudar de la palabra del Presidente, pensamos que va a marcar la agenda gubernamental en este periodo: "la sociedad uruguaya ha sido benévola con algunos de sus servidores públicos y casi cruel con otros. Ha permitido que funciones sencillas, que no requieren esfuerzo ni preparación, se paguen en algunas oficinas 10 veces más de lo que recibe quien realiza un trabajo imprescindible y duro, como un policía o un maestro rural". Para luego apuntar hacia el resto de la sociedad: se ha protegido mucho más a sus servidores públicos que a sus trabajadores privados. "Recordemos -agregó- que en la crisis del año 2002 y 2003 casi 200.000 personas perdieron su trabajo y ninguna fue un funcionario público. Se estima que otros 200.000 sufrieron rebajas en su salarios, y todos fueron trabajadores privados".

Eso fue y es así. El Estado o las corporaciones que existen en él, protegen a sus servidores y a unos más que a otros. El resto de la sociedad, sufre los vaivenes de una economía globalizada y solo tiene derecho a pagar sus impuestos. No a recibir un tratamiento, ni de disfrutar de garantías similares a la de los funcionarios públicos; ni siquiera a exigir un servicio acorde con lo que paga pese a que las empresas públicas son patrimonio "del pueblo uruguayo". Porque lo cierto es hay sectores del Estado -y compartimos en esto la opinión del senador Fernández Huidobro-, que no pertenecen al Estado sino que son "propiedad" de las corporaciones. Los gremios se han transformado en grupos de poder y al amparo de una malentendida solidaridad y de las debilidades del sistema político -o de su complicidad, muchas veces- buscan sacar ventajas y privilegios. Es correcto y todo el mundo tiene el derecho y la obligación de defender sus intereses, pero sin perjudicar al país. Que las prebendas de unos pocos no signifiquen una agresión a las sagradas expectativas y derechos de los muchos.

Si vamos a promover un Estado más justo, si vamos a buscar que el Estado responda a las necesidades de sus ciudadanos (sus propietarios, sus clientes, los que lo financian y mantienen) y no de las corporaciones, si vamos a sustituir a los funcionarios por servidores públicos, el Presidente Mujica debe estar muy bien preparado para decir "No" a las embestidas que se le avecinan y sean desmedidas. Debe mantener la coherencia de su empuje y de su pensamiento proclamado ante la Asamblea General.

Muchos "amigos" se le darán vuelta (¡ay los costo políticos!) si piensa mantener este rumbo, pero son tan sustituibles o "suplantables" como los malos funcionarios públicos.