GUSTAVO PENADÉS
Las instancias de trabajo interpartidario impulsadas por el presidente de la República, así como los acuerdos alcanzados, hacen abrigar la expectativa de que, finalmente, el país desarrolle políticas de largo plazo superadoras de los avatares de los cambios de gobierno.
Tal circunstancia está estrechamente relacionada con un tema que cíclicamente aparece en la consideración pública pero que no termina de cristalizar. Nos referimos a la necesidad de contar con dependencias destinadas a desarrollar el análisis estratégico. Esto es, instancias cuyo cometido sea la reunión y procesamiento de información estratégica destinada a las máximas jerarquías de gobierno. Se logra, así, facilitar la apreciación de los escenarios actuales, pero también formular hipótesis sobre los futuros, mejorando la calidad de las decisiones. Encarar seriamente una tarea de tal envergadura exige necesariamente la integración de expertos en muy diversos campos del potencial nacional e internacional, que deberán ser provistos por la administración pero también buscados en los ámbitos universitario y empresarial.
Desde hace unos años venimos bregando por la conformación de una Oficina de Asuntos Estratégicos, iniciativa que contara con general aceptación en ocasión del Debate Nacional de Defensa. Sin embargo, en oportunidad de considerar la Ley de Defensa Nacional, el Poder Ejecutivo y los legisladores oficialistas no entendieron oportuno crear dicha dependencia, ya que prefirieron diferirla para el futuro, más precisamente, para cuando se tratara un proyecto de Ley de Inteligencia.
La Oficina de Asuntos Estratégicos, tal como la concebimos, estaría abocada entonces a la producción de inteligencia de nivel estratégico- político, teniendo a su cargo la responsabilidad de asesorar al Poder Ejecutivo y al Consejo de Defensa Nacional. Pero, dicho organismo que entendemos debe ubicarse a nivel de la Presidencia de la República, debería ser, asimismo, responsable de la coordinación, a los efectos de la reunión de información de otros organismos del Estado con cometidos y competencias específicas en la materia; diferenciando claramente la inteligencia estratégica de la correspondiente a los niveles operacional y táctico; siendo la figura del Coordinador de los Servicios de Inteligencia el posible germen de la futura organización.
Los servicios de inteligencia gozan en general de mala prensa, en unos casos fundada, y en otros no. Lo real es que siempre existieron y que toda nación los requiere.
La clave para transparentar el sistema radica en crear el marco legal y reglamentario necesario para que cumplan su cometido con eficacia y eficiencia en el marco del Derecho. Así, una ley de Inteligencia deberá establecer las instancias de análisis de los planes anuales de trabajo y de aprobación y contralor de su presupuesto, las circunstancias especiales que pueden presentarse en cuanto al trabajo de sus componentes, el órgano responsable de autorizar ciertas acciones como pueden ser las escuchas telefónicas y los marcos en los que se producirá el contralor parlamentario.
Seguiremos con el tema.