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De prosperar el anteproyecto de ley con los cambios tributarios y al secreto bancario del gobierno, varios grupos económicos que dirigen sus operaciones en el mundo desde Uruguay se verían motivados a irse del país, sostienen varios tributaristas.

El motivo es que entre los cambios tributarios que prevé instrumentar el gobierno -y que constan en el anteproyecto de ley- está el gravar las participaciones en el patrimonio de entidades no residentes con un 20% del valor fiscal, lo que alcanza a los grupos económicos instalados en el país.

Precisamente, el artículo mencionado establece que se sustituye el antepenúltimo inciso del artículo 15 del Título 14 del Texto Ordenado 1996 (relativo al Impuesto al Patrimonio de las personas jurídicas, esto es, empresas) por el siguiente: "Las participaciones en el patrimonio de entidades no residentes se computarán por el 20% de su valor fiscal".

Esto implica que varios holdings o grupos económicos internacionales que se instalaron en Uruguay con sociedades locales y tienen la propiedad de las acciones de filiales en distintos países (o sea empresas madre) deberán pagar el Impuesto al Patrimonio por acciones que tengan en otras empresas que no estén ubicadas en el país.

Según consultas de El País en varios estudios jurídicos, en el país hay varias empresas extranjeras de servicios radicadas bajo esta modalidad que cuentan con patrimonios en el exterior que van de los US$ 2.500 millones a los US$ 10.000 millones por lo que, en este último caso, por ejemplo, gravar con el 1,5% (Impuesto al Patrimonio) al 20% de dicho valor implicaría que la empresa deba pasar de estar exonerada por los activos del exterior a tener que tributar unos US$ 30 millones a la Dirección General Impositiva.

La Senior Manager del departamento tributario de PricewaterhouseCoopers, Eliana Sartori, dijo a El País que "introducir un gravamen para el patrimonio del exterior parece estar impulsado por un afán recaudatorio pero si se quiere recaudar más, ese capital, del que atrás están personas jurídicas especialmente grupos del exterior, se va a ir del país".

Sartori cuestionó a qué corresponde el 20% del valor fiscal estipulado. "¿Qué implica? ¿Es el valor de patrimonio o de costos, de inversiones en el exterior, de mercado, patrimonial proporcional? No está claro ni qué se toma por valor ni porqué es el 20%".

La tributarista planteó que al anunciar los cambios el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, se refirió a que la medida abarcaría a personas físicas residentes y "ahora el proyecto dice otra cosa" por lo que "un día decimos una cosa y otro día otra y esto no le hace bien al país porque es un cambio de las reglas de juego bastante grave para lo que es los inversores extranjeros".

"Hay grupos que han usado nuestros país como plataforma de inversiones" y los cambios previstos "quitan competitividad con otros países con Chile o España que tienen regímenes de plataforma de inversiones para justamente hacer holding sin tener que gravar por impuesto a la Renta o al Patrimonio", remató.

Un dato no menor es que los grupos internacionales que están instalados en Zonas Francas y que tienen sociedades locales que poseen las acciones de filiales en distintos países estarán exoneradas de pagar los impuestos por ubicarse, precisamente, en los exclaves con lo que la nueva regulación estaría fomentando, en todo caso, la instalación en los mismos para evitar el tributo.

El tributarista Nicolás Juan de Guyer & Regules, coincidió en que "ampliar la fuente del Impuesto al Patrimonio no es lógico" puede derivar en que "se vayan inversiones de holdings muy relevantes que hay en Uruguay porque en sumas enormes son cifras enormes las que tendrían que pagar".

Señaló que estos grupos "son muy sensibles a estos cambios porque se les cambian las reglas de juego y creo que no es el objetivo del proyecto cambiarle las reglas a los inversores", por lo que consideró que es algo que "se debe discutir para evitar se vayan del país".

Fuentes oficiales dijeron a El País que se será "cuidadoso" con la formulación del proyecto en lo que tiene que ver con el Impuesto al Patrimonio, ya que las tasas de este tributo en Uruguay aún son "altas".

Vigencia de los cambios previstos.

Tanto el que los depósitos, colocaciones y participaciones patrimoniales en el exterior de residentes en Uruguay paguen IRPF, como la flexibilización del secreto bancario comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2011. La flexibilización consiste en que la Dirección General Impositiva (DGI) tendrá ahora la causal de fiscalización para pedir el levantamiento del secreto, además de la que tiene hoy de presunción de defraudación. En estos dos casos los plazos en los que la Justicia debe expedirse (siempre debe mediar opinión judicial) son distintos.

Plazos del secreto.

Cuando la DGI como hasta ahora pida el levantamiento del secreto bancario por presunción de defraudación, la Justicia deberá expedirse en un plazo máximo de 30 días (igual que ahora). Sin embargo, cuando la DGI pida el levantamiento del secreto a los efectos de fiscalizar o en cumplimiento de solicitudes "expresas y fundadas" de una autoridad de un Estado extranjero con el que haya acuerdo bilateral, la Justicia dispondrá de un máximo de 60 días para expedirse.

Residentes extranjeros en Uruguay.

Aquellos extranjeros que residen en Uruguay y tienen participaciones en entidades patrimoniales del exterior podrán quedar exonerados de pagar el Impuesto al Patrimonio, siempre y cuando esa participación sea como persona física (y no jurídica) y no tengan ciudadanía uruguaya.

Pagarán IRPF e Impuesto al Patrimonio.

Las rentas obtenidas por depósitos y colocaciones en el exterior por la participación en el patrimonio de entidades del exterior y por los préstamos a entidades extranjeras de residentes locales (para serlo hay que estar más de 183 días al año en el país) pagará el Impuesto a la Renta de Persona Física a una tasa del 12% anual. Además todas esas colocaciones formarán parte del cálculo del patrimonio y pagarán el Impuesto al Patrimonio a tasas de entre 0,7% y 2%.

El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara dijo ayer entrevistado en canal 5 respecto al pedido de Argentina para firmar un acuerdo de intercambio de información que "la solicitud de información se da en el marco de estos convenios, en el caso de Argentina, Uruguay va a evaluar la posible firma de un convenio en el contexto de muchos otros temas".

Bergara señaló a El País que en ningún horizonte se puede descartar un acuerdo con ese país, pero expresó que "las relaciones con Argentina son multidimensionales y hay múltiples temas sobre la mesa. Este podrá ser uno más en un contexto de diálogo y negociación de muchos temas".

El titular de la AFIP (la administración tributaria argentina), Ricardo Etchegaray, dijo el miércoles a El País que es "fundamental" un acuerdo de intercambio de información.

EQUIPO. El Ministerio de Economía trabaja en la conformación de un grupo de especialistas en tributación internacional para poder instrumentar la fiscalización de los activos en el exterior de residentes, que pasarán a ser gravados. El jefe de la asesoría tributaria de esa cartera, Nelson Hernández, dijo a El País que su principal tema de agenda es "dar cumplimiento a la instrumentación de los acuerdos ya firmados". Ese trabajo implica generar los procedimientos necesarios para levantar el secreto bancario a depósitos de extranjeros en el territorio uruguayo y para poder controlar los activos de residentes en Uruguay emplazados en los países que colaborarán con información fiscal.

Para eso, y basándose en los mecanismos empleados por otras administraciones a nivel mundial, se trabaja en la creación de "un equipo especializado en tributación internacional para dar cumplimiento a los requerimientos de fiscos extranjeros vinculados con el fondeo".

Lo mismo aplica de manera inversa, para que el fisco uruguayo pueda hacerse de datos sobre activos en el extranjero.

Desde que Uruguay fue incluido -el 1° de abril de 2009- en una lista de la OCDE como país que no colabora con información fiscal primero y luego como país que colabora pero no lo implementó sustancialmente, se firmaron cinco acuerdos de intercambio de información y para evitar la doble tributación (México, España, Portugal, Alemania y Francia). Hay más de una docena que están en fases previas a ser firmados por las autoridades y ratificados por el Parlamento. Hernández espera que todos "estén a disposición del Parlamento en los próximos dos o tres meses".