Curbelo involucró a ex fiscal Carballo

Carlos Curbelo Tammaro aseguró ante la Justicia que en su momento informó a la fiscal Olga Carballo que había aceptado un apartamento en Punta del Este propiedad de José Luis Suárez (procesado con prisión en 2006 por lavar dinero proveniente del narcotráfico) como pago de sus honorarios profesionales como abogado.

Curbelo Tammaro hizo esa afirmación al declarar el miércoles de la semana pasada ante el juez Federico Álvarez Petraglia y el fiscal Diego Pérez, quienes lo procesaron con prisión por el delito de lavado de activos.

Si bien lo relativo al apartamento no forma parte de los hechos imputados al abogado -que negó la acusación respecto a que asesoró al grupo delictivo así como haber participado en inversiones-, sí es un aspecto que será investigado en el futuro y por el cual se indagará a uno de sus hijos, que invirtió dinero en esa propiedad, motivo por el que se escrituró a su nombre.

Curbelo Tammaro sostuvo que cuando acordó con Suárez que cobraría por sus servicios con la propiedad de Punta del Este -la cual en principio había sido puesta como garantía de pago-, informó de esa situación a la anterior fiscal que tuvo la investigación, Olga Carballo, quien renunció al Ministerio Público en julio del año pasado para radicarse en el exterior.

"Yo tenía una fluida relación con Olga Carballo y le dije que iba a aceptar un apartamento de (el edificio) Arenas Blancas. La puse en conocimiento para decirle que tenía la tranquilidad de que era una operación legítima", dijo el abogado, según consta en el acta de la audiencia a la que accedió El País.

Antes de acordar con Suárez, Curbelo Tammaro había invertido US$ 100.000 en el apartamento para levantar la hipoteca, pagar los gastos comunes y el mantenimiento. "Suárez habrá preferido quedarse con el efectivo y habrá dicho que yo me quedara con el apartamento que se me dio en garantía", explicó Curbelo Tammaro.

Fuentes del caso dijeron que si efectivamente el abogado dio cuenta de la situación a Carballo (que en ese momento tramitaba el caso con la jueza Anabella Damasco, actual ministra de un Tribunal de Apelaciones) se trata de un hecho "muy llamativo".

Las fuentes señalaron que el abogado identificó una propiedad que presuntamente pudo comprarse con dinero proveniente del narcotráfico, pero la entonces fiscal no tomó ninguna medida al respecto. La Justicia dispuso los primeros embargos de bienes del grupo delictivo desbaratado en 2006 en la "Operación Campanita" en agosto de 2009.