Canelones | Patricia Mango
La Justicia archivó una denuncia sobre presuntas irregularidades que la Intendencia de Canelones había presentado en el Juzgado del Crimen Organizado contra cinco funcionarios del Departamento de Hacienda.
Los funcionarios -todos de carrera- fueron destituidos tras la anuencia de la Junta Departamental con los votos del Frente Amplio el 23 de octubre de 2007. En febrero de 2009, la Intendencia radicó una denuncia penal en Canelones pero el juzgado local entendió que no tenía competencia. Entonces, el caso pasó a la órbita del Juzgado del Crimen Organizado, a cargo de Graciela Gatti.
El pasado 12 de noviembre, Gatti disputo el archivo del caso, compartiendo el dictamen fiscal. El argumento esgrimido por la jueza es que, "habiéndose agotado la instrucción no surgieron elementos de convicción suficientes que permitieran el inicio de proceso penal contra los denunciados", informaron a El País fuentes vinculadas al caso.
Dicho de otra forma, no existió mérito para disponer el procesamiento por los funcionarios acusados por la administración del frenteamplista Marcos Carámbula de irregularidades y delitos contra el municipio canario.
Los denunciados y testigos declararon durante la instrucción presumarial. En tanto el dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas concluyó que en el sumario administrativo iniciado por la Intendencia, "no se había dado cumplimiento a las debidas garantías de defensa establecidas por la Constitución de la República", agregaron los informantes.
Simultáneamente, los funcionarios promovieron, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la nulidad del acto de destitución. De obtenerse una sentencia favorable, "se habilitaría su inmediata restitución a los cuadros municipales y la promoción de demandas reparatorias por los daños y perjuicios ocasionados por las destituciones". El País informó en su edición del 25 de octubre de 2007 que los resultados parciales de la auditoría realizada en la Intendencia de Canelones determinaron la separación del cargo y sumario sin goce de sueldo de Marcelo Machado (ex subdirector general de Administración), Daniela Álvarez de Ron (subdirectora general técnica), Fernando Feriz (gerente de Contaduría), Adriana García (tesorera) y Gerardo Hernández (subtesorero).
"La auditoría constató deficiencias en los controles internos, falta de comprobantes de pagos y cobros, inexistencia de conformes", decía el informe elevado a la Intendencia de Canelones.
En la sesión extraordinaria de la Junta Departamental donde se avaló las cinco destituciones sólo con el voto de los 20 ediles del Frente Amplio, se informó que los funcionarios estaban acusados de conductas "negligentes y omisas" que desembocaron en "irregularidades administrativas". A modo de agravante se agregó la calidad de jerarcas de los funcionarios implicados. Además, en dos de los casos, la Intendencia de Canelones planteó la existencia de un daño económico de difícil cuantía en uno y la "ligereza culpable" en el manejo de los fondos públicos en el otro.