Argentinos miran hacia Uruguay

De prosperar una iniciativa del oficialismo argentino, podría producirse una nueva fuga de inversiones agrícolas hacia Uruguay, admitieron especialistas de la vecina orilla.

A pocas semanas del recambio legislativo, el oficialismo en la Cámara de Diputados, con otras bancadas minoritarias, procurará acelerar una nueva ley de arrendamientos, muy resistida por el sector agropecuario por la mayor presión impositiva que, según estima, va a provocar.

Se busca cambiar una norma original de hace más de 50 años que provocará, según el ruralismo, desaliento tanto en las grandes empresas como en contratistas y prestadores de servicios, lo que implicará, en definitiva, llevar sus inversiones a países limítrofes.

Según comentó Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), uno de los puntos más controvertidos del proyecto es el artículo 83, que, explicó, introduce un impuesto progresivo adicional a las ganancias de entre el 25 y el 45%. De hecho, puede llegar a ese porcentaje en el caso de alguien que arriende más de 30 unidades mínimas productivas, un parámetro de escala que se deberá fijar en cada región.

Para Ambrosetti, con ese adicional, que estará a cargo del arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total ronde el 80%, esto es, considerando ganancias más el tope del adicional para quien supere las 30 unidades económicas. Según el economista, con esta iniciativa se "destruye" el negocio agropecuario, porque "impide la búsqueda de escala y la eficiencia económica y productiva y atenta también contra los pequeños y medianos productores que buscan escala", expresó Ambrosetti. En la Argentina, se calcula que el 60% de la producción de granos se hace sobre campos alquilados.

"Sumando ganancias y el adicional, el impuesto podría estar cerca del 80%. Con ese nivel de presión las inversiones del sector se desviarían a países limítrofes", indicó Ambrosetti.

En Base a GDA/La Nación