Los capitales de la empresa Apliser SA -cuyas exportaciones a Venezuela están siendo investigadas por la Justicia- provienen de un país centroamericano, y el intermediario que permitió los acuerdos sospechosos fue un colombiano, según confirmó a El País el abogado Jorge Barrera, quien fue designado ayer para representar a la empresa en la órbita penal.

Entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, la firma exportó a Venezuela 50 mil kilos de "sets cartográficos" integrados por el libro Técnicas de Ordenamiento Territorial, un cuaderno en blanco y un mapa por un monto total de US$ 32 millones, siendo que el costo estimado de producción fue de apenas US$ 500 mil.

El particular negocio llamó la atención de la Cámara de Industria, que dio cuenta del caso al Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, mediante un sobre anónimo, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti recibió documentación sobre la importación, y junto con el fiscal Ricardo Perciballe inició una investigación al respecto.

"La operación se realizó en un marco de total legalidad" por lo que "no se vulneró ninguna norma jurídica ni en Uruguay ni en Venezuela", dijo Barrera.

"Es una operación que evidentemente generó buenos dividendos para quien la realizó, pero tuvo lugar en el marco normativo que rige en Uruguay y Venezuela", expresó el abogado especializado en delitos económicos y tributarios.

"Este es un negocio exclusivamente entre privados. Dio buenos dividendos económicos, pero ni en Uruguay ni en Venezuela no es un delito obtener buenos ingresos", insistió Barrera, aunque prefirió no dar mayores detalles del caso ya que recién en los próximos días tomará contacto con toda la documentación.

Según el abogado, tampoco puede sostenerse que haya existido una maniobra mediante la utilización el doble sistema cambiario que se aplica en Venezuela. "No se violentó la Ley de Ilícitos Cambiarios de Venezuela; se actuó dentro de las normas para la importación que ese país determina", afirmó.

Agregó que en el país caribeño existe un tipo de cambio preferencial que es utilizado, básicamente, por las empresas que se dedican a negocios de importación y exportación de productos, por lo que la transacción que realizó Apliser SA "se hizo en el marco de todas las normas legales vigentes", aseguró Barrera.

"En ninguno de los dos países hubo violación de ninguna norma penal, y en Uruguay en particular, eso es indiscutible", concluyó el abogado.