Multa de $ 18.360.000 por un fraccionamiento ilegal

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A.L.R.

La Intendencia quiere aplicar una multa de $ 18.360.000 (43.750 UR) a los propietarios de un terreno ocupado. Asegura que ellos permitieron el crecimiento irregular de todo un barrio. Para la oposición política, es una acusación infundada.

En total son 125 multas -una por cada lote-, de 350 Unidades Reajustables cada una.

El año pasado, la Intendencia intentó aplicar la misma sanción a los propietarios del predio, ubicado en Camino La Abeja y Mendoza, dentro de los límites del Centro Comunal Zonal Nº 10. Allí, floreció todo un barrio, con decenas de familias, en un terreno rural que el municipio intenta recuperar.

"Fue una investigación larga para llegar a los propietarios, que son herederos de una sucesión", explicó a El País la directora de Planificación de la Intendencia, Cristina Pastro.

"Es una zona rural - agrícola. Y es una situación lamentable, porque el terreno se inunda y tiene problemas ambientales", agregó Pastro.

El año pasado, cuando la Intendencia solicitó la anuencia de la Junta Departamental para aplicar las 125 multas, la situación generó un verdadero revuelo en el deliberativo comunal. La sanción no pudo aplicarse porque "el expediente era de una desprolijidad espantosa", dijo ayer la edila colorada Cristina Ferro a El País

"El fraccionamiento irregular lo hicieron los propios ocupantes. El dolo del propietario es no haber denunciado la ocupación. Ahora, la Intendencia tendrá que demostrar que los señores a los que aplica las multas fueron los que fraccionaron", declaró Ferro.

Aunque la Intendencia pretende recuperar el terreno, no tiene por el momento planes de realojo para sus ocupantes, informó la directora de Planificación. "Seguramente el tema tendrá que ser tomado por las autoridades nacionales. En todo caso, es una propiedad privada", declaró Pastro.

Tampoco existe un censo sobre la cantidad de habitantes que hay en el lugar. Y según la jerarca municipal, "no hay elementos para decir si los propietarios del terreno cobraron algún dinero" a los ocupantes.

HEREDEROS. Según Ferro, la resolución que llegó el año pasado a la Junta Departamental tenía un grave error jurídico: carecía del nombre del propietario del terreno.

El nuevo proyecto de decreto, que será enviado en las próximas horas al cuerpo, incluye los nombres de los herederos a los que se les aplica la multa.

En una carta presentada por los ocupantes al Centro Comunal N° 10, el 21 de marzo del 2000, éstos señalan que se apropiaron del terreno porque éste "estaba inutilizado".

Durante ese año, la Intendencia intimó varias veces a los residentes, sin efecto alguno. Luego, trató de intimar al propietario para que regularizara la situación y detectó que éste había fallecido en 1996, cuatro años antes del fraccionamiento irregular. Sin embargo, el expediente enviado a la Junta sugería su participación propiciando la ocupación.

En el expediente del asentamiento se señala que el 31 de marzo de 2000, tres meses después de iniciada la apropiación irregular del predio, 60 viviendas precarias ya contaban con servicios estatales: luz y agua potable.

Según denunció en su momento la edila Cristina Ferro, pudo existir "intencionalidad política" detrás de la ocupación. "Además de perderse (el expediente) por tres años, un secretario de Junta lo guardó en un cajón. Después que el Frente ganó las elecciones, lo sacaron para multar al dueño del predio", declaró Ferro. Entre el 30 de junio de 2000 y el 3 de enero de 2003, el expediente no registra ningún movimiento. Ese día, el secretario de la Junta Local de la Zona 10, Juan Landaco, confirmó que el expediente "se encontraba extraviado".

Pocos días después, el arquitecto del CCZ 10, Roberto Bergara, constató que había 120 familias residiendo en el asentamiento.

Invocando el Código Civil, la Intendencia sostiene que los herederos son ahora los responsables por la ocupación del terreno.

125 Multas de 350 UR cada una deberán pagar los propietarios del terreno ocupado irregularmente Es una multa por cada fracción.

60 Viviendas precarias tenían luz y agua potable a los tres meses de iniciada la ocupación. Se trata de un terreno privado, en zona rural.