Una jueza de Paz inició una investigación a 135 alumnos de la Facultad de Medicina, acusados de copiar en un examen de biología tisular, rendido en 2006. Se estima que los estudiantes se pasaron las respuestas mediante mensajes de texto y llamadas y por ello la magistrada intimó a las empresas Ancel y Claro a aportar datos sobre las comunicaciones realizadas por los involucrados, según informó el diario El Observador.
La Universidad inicio acciones legales en el 2007 para obtener la información de los celulares de esos alumnos. Sin embargo, dos años después de haber iniciado las acciones Antel se sigue negando a entregar los datos en defensa del derecho de la privacidad de las comunicaciones amparados en la Constitución.
La intimación se agota en sí misma por lo que si la empresa telefónica estatal no responde, la universidad no puede obligarlo. La jueza de Paz de 11° Turno, Leslie Ferrand, entiende igualmente que el secreto de las comunicaciones cae cuando hay una orden judicial.
Telefónica fue la única empresa que envió un disco con los datos requeridos en agosto de 2008, mientras que en el caso de Claro, el juzgado lo intimó con la amenaza de cobrarle una multa si no cumple.
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